Un gorila que come en soledad

Hay varios caminos para hablar del juez supremo Carlos Rosenkrantz, uno de ellos podría ser la evasión de impuestos (delitos de guante blanco en la jerga), la amistad con el prófugo Pepin Rodríguez Simón, o su defensa de genocidas. Empecemos con una pregunta: ¿Una sociedad fantasma en un paraíso fiscal? No, poca cosa: 71 cuentas en paraísos fiscales tiene el imputado-juez: Panamá, Shanghai, Puerto Rico y Brasil. Aún el delito puede ser más grosero: los depósitos se hicieron siendo juez de la Nación, por eso está imputado. La operatoria es clásica: se busca la forma de evadir impuestos en lugares donde es un “viva la pepa” financiero. Recordemos que los impuestos a la gente que gana 7 u 8 veces el salario que cobra un trabajador, tiene una función redistributiva, social. Es imposible que no la tenga: la pregunta es si sirve a unos pocos o a la gente que trabaja. Me imagino al imputado juez comiendo solo, mucha comida, como una suerte de patología. Un esclavo de la acumulación.

 Por otro lado, también podemos hablar de su defensa de los torturadores y genocidas de la última dictadura cívico-militar. Si él hubiera sido juez en ese momento, hubiera hecho la vista gorda frente a las desapariciones de abogadas y abogadas que interpusieron hábeas corpus, como queda demostrado en su ingreso ilegal a la Corte Suprema, para después defender al genocida Muiña que torturó personas inocentes en el Hospital Posadas. Cabe aclarar que los delitos de lesa humanidad y genocidio (dos tipos de violaciones a los derechos humanos, el primero centrado en la persona y el segundo centrado en el grupo social modificado a través del exterminio de personas) son excepcionalísimos. Esa categoría se debe a que son incompatibles con beneficios, amnistías o indultos. Ese es su “chiste”, con algún beneficio procesal o penal, quedan como un delito común… pero no lo son.

 Las muestras de cobardía del cortesano son muchas y deben quedar claras para la ciudadanía: Carlos Rosenkrantz es parte de una estructura sofisticada, compuesta también con políticos, que son investigados por evadir impuestos destinados a la distribución de superganancias en la población o, lisa y llanamente, tomando partido por asesinos y torturadores. La cobardía es un acto de quien ataca a personas inocentes o desprotegidas desde una posición cuidada, protegida por el poder. Desde esa tribuna habla y ejerce el derecho, de forma clasista y corporativa. A un juez que no le importa la Memoria, la Verdad y la Justicia, es como un médico que desprecia la vida del paciente que va a tratar.

 Naturalmente, el imputado juez es una debilidad de la democracia, un lugar donde, no sólo los derechos humanos y el proceso de memoria, verdad y justicia se ven amenazadas, sino los pocos derechos económicos que la clase trabajadora ha ido consiguiendo. Para decirlo sin preámbulos: el dinero de nuestras becas estudiantiles, subsidios, etcétera, el imputado juez los fugó a paraísos fiscales. Pero su ideología no lo condena; por el contrario, le incitan a ello, se creen dueños de todos nosotros.

 Desde un punto de vista psicoanalítico, la dimensión simbólica de la realidad es fundamental; se sostiene la realidad, básicamente, en el ritual de hacer como que existe la justicia, por ejemplo. La función del ritual en la constitución de la realidad es fundamental pero precaria, lo importante son nuestras acciones éticas. ¿No es la justicia una institución que cada vez más se sostiene, únicamente, por hacer de cuenta que funciona, cuando en realidad no? ¿No es esta Corte Suprema de la Nación de 4 miembros un escándalo democrático, que degrada su condición, reduciéndose a una simulación electoral? ¿No necesitamos, acompañado del voto popular, que instituciones como la justicia y la política, sean democratizadas? ¿No está toda la República, como formación política de la Nación, rehén de sujetos como el imputado juez?

Mauri Delpir
Mauri.Delpir@huellas-suburbanas.info