La imperdonable mesa judicial

A través de una carta pública y un anuncio de televisión, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial estrella de Mauricio Macri, busca eludir una investigación judicial, donde el 17 junio se lo convocó a una audiencia indagatoria como parte de una presunta asociación ilícita para desapoderar a los dueños del grupo Indalo. “Pepín” está siendo señalado por otras personas en sus testimonios judiciales como el presunto autor de amenazas y extorsiones. El dice ser un perseguido político, y así pidió asilo político en Uruguay. Otro procesado e imputado, el ex presidente Macri, salió a defenderlo y dijo que sólo quería cobrar impuestos. Lo llamativo es que “Pepin” nunca fue responsable de un ente recaudador, ni era parte del Ejecutivo.

 Pepín Simón fue director del IPC durante el gobierno de Cambiemos, diputado del Parlasur y abogado asesor de Mauricio Macri, también del grupo Clarín. Fue el impulsor de la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y también fue titular de la unidad de control de espacios públicos, un organismo creado por Macri para golpear a las personas en situación de calle.

 La jueza Servini de Cubría decidió citarlo a indagatoria, luego de recibir un análisis de las llamadas entrantes y salientes donde quedó a la vista que Rodríguez Simón tenía 400 llamadas con la Secretaría General de la Presidencia, 140 con un abonado de jefatura de Gabinete y luego desde Farmacity (que sería Mario Quintana), 162 con el Ministro de Justicia, Garavano, 59 con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y 182 con el grupo Clarín, 43 con La Nación, entre otras. La causa apunta a investigar sobre las acciones de persecución y de ahogo financiero dirigidas al Grupo Indalo desde el 2015. También se investiga la quita de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, la exigencia para transferir empresas a otro grupo empresario, y disposiciones de la AFIP para dañar al grupo arriba mencionado.

 Si bien Rodríguez Simón reiteró que quiere ser admitido como “refugiado político” porque es víctima, o él lo considera así, de una persecución, lo cierto es que en el expediente que conduce Servini no se pidió la prisión y nada que le pudiera hacer pensar que iba a estar detenido, ni el resto de las personas investigadas. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou dio señales, incluso el diálogo directo con el embajador argentino, de que no tiene ninguna intención de obstaculizar el proceso de extradición. El juzgado de Servini esta semana ya tomará indagatorias a ex funcionarios de segundas líneas del AFIP.

 Si bien no debe sorprendernos que el vínculo entre política y justicia sea de esta forma, no deja de llamar la atención el carácter sistemático del macrismo para perseguir opositores, vigilarlos e inclusive vigilar a su propia fuerza política. Sin lugar a dudas, el carácter sistemático en el ambiente de la justicia reporta cierto dolo, una voluntad, una planificación detallada del plan a seguir. No es que un día Macri y sus operadores decidieron “ver” qué hacían sus opositores, no es que revisaban sus perfiles públicos para diseñar una estrategia política. No. Se sentaron racionalmente durante años alrededor de una mesa para atacar no sólo a otros políticos, sino a la democracia en sí, ya que este tipo de actuaciones son por demás las mismas que se utilizaron en dictaduras o gobiernos con poca intensidad democrática.

 Fabián «Pepín» Rodríguez Simón tendrá que presentarse ante la jueza uruguaya especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarian. Será el inicio del proceso de extradición, medida pedida junto con su detención por la jueza María Servini. El operador judicial de Mauricio Macri tendrá 24 horas para ejercer sus derechos a defensa e información del expediente para poder dar una respuesta.

Mauri Delpir
Mauri.Delpir@huellas-suburbanas.info