TOMA DE TIERRAS, NECESIDADES E INTERESES…

El 20 de julio se desarrolló una toma de tierras en la localidad de Guernica, partido de General Perón. Unas 2500 familias se establecieron en el descampado conformado por unas 100 hectáreas.  En su gran mayoría eran parejas jóvenes, muchas que quedaron sin trabajo y no pudieron seguir con el pago de alquiler, situación que el Covid-19 complicó aún más.  Comenzaron a sobrevivir en casillas construidas  con chapa y nylon o en pequeñas carpas de tela, luchando con las bajas temperaturas y en medio de la pandemia que cubre el planeta.

Los terrenos ocupados son propiedad de la firma El Bellaco S.A. (constructora de barrios privados), empresa que “adquirió” el predio gracias a sus vínculos con la Dictadura, ya que su presidente, César Emilio Pérez Pesado, fue funcionario de Videla, además de propietarios individuales. El hecho curioso fue la presentación judicial realizada por Nidia Edith Desplats y su hijo Guido Giana, dueños de unas 300 hectáreas que nunca estuvieron en riesgo de toma.  Giana es concejal de Juntos por el Cambio, y fue Gerente Financiero del PAMI en el período macrista y dueño del manejo discrecional de ese organismo, algo de lo que  solo se hicieron eco los medios zonales.

Salvando las diferencias entre lo que debe ser la Justicia y la realidad del Poder Judicial de nuestro país, la justicia penal fue la que tomo cartas en el tema.  El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (fue avalado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien al mismo tiempo, le designó para colaborar al fiscal general de La Plata, Marcelo Romero)fue quien actuó y el juez de garantías Martín Rizzo quien adoptó las decisiones. La Cámara confirmó el desalojo. Por pedido de los abogados de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y los de los ocupantes se postergó esa acción.  Asimismo lo peticionaron el Defensor Oficial y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.

Mientras esto ocurría, se instaló dentro del predio una «mesa interministerial» del gobierno bonaerense, que  integraban  el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, además de varias secretarías, como ser la de Derechos Humanos, de Salud, de Economía Social, de Mujer, Diversidad y Género, la Defensoría del Pueblo bonaerense, ANSES y el Ministerio del Interior. Trabajaron durante más de un mes, realizando tareas sociales

La mesa trabajó en conjunto con las familias y en contacto con los delegados de la toma.  Las negociaciones incluían  ampliación y refacciones de viviendas de origen, subsidios para alquileres, refugio para personas en situación de calle, acompañamiento de víctimas de violencia de género, refuerzo en el presupuesto del área social del Municipio y como solución de fondo, 3 mil lotes con servicios para el distrito. Aquellas familias que aceptaban el retiro voluntario también podían optar por residir en las 11 hectáreas que el ministerio había puesto a tal fin. Hubo acuerdos con alto porcentaje de las familias.

Al margen del accionar al que nos tienen acostumbrados los grandes medios, algunos  medianos y pequeños se dedicaron a criticar por derecha y por izquierda  al accionar del gobierno.  Por cierto el medio Real Politik, direccionó sus críticas al   trabajo social implementado por Ministerio de Desarrollo de la  Comunidad, titulares como «Premio al delito: Larroque le regaló a los usurpadores materiales para que construyan sus casas» eran normales.  En el otro extremo, el medio “La Izquierda Diario”, que forma parte del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), de extracción trotskista, desarrolló un constante ataque a la figura del ministro.

Todo este accionar mediático facilitó la multiplicación de oyentes y de trolls en las redes quejándose por los montos  de hasta $50.000  que el gobierno provincial ofreció por el término de tres meses – de octubre a diciembre – y con posibilidad de prorrogar por tres meses más por única vez a algunos de quienes participaron en la toma.  Como sucede a menudo, también se sumaron a esta estrategia algunos intendentes de Juntos por el Cambio, como Jorge Macri

Lo que todos ellos ningunearon es que esos montos no fueron un invento ni un regalo. Olvidaron mencionar que forman parte del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional.  Se destinan a “gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente; alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, y distintos elementos de primera necesidad”.

Hacia la última semana de octubre los abogados de La Gremial acercaron una última propuesta que conllevabael encontrar un predio para llevar a la gente y que el mismo esté en condiciones habitables. La idea era contar con las carpas de los Cascos Blancos o del Ejército, baños químicos para estar allí 6 o 7 meses hasta encontrar una solución definitiva. Tanto el gobierno como las organizaciones se interesaron en la misma.  El martes 27 el Barrio La Unión aprobó retirarse y el miércoles votaron los otros tres barrios. Solo uno aceptó quedarse en la toma.

Se necesitaban dos días para retirar a la gente, por lo que el ministro de Seguridad, Sergio Berni solicitó formalmente al fiscal una postergación hasta el lunes 2, pedido que fue rechazado. En paralelo los abogados de La Gremial contactaron al fiscal, quien les respondió “yo mañana entro y reprimo. No les doy ningún día, no se los concedo”. Esta situación fue la que finalmente detonó las negociaciones.

Al no tener garantías, el ministro Larroque no firmó el acuerdo,  ya que con dicho convenio firmado la represión igual hubiese podido tener lugar. El poder de la intendenta Blanca Cantero (esposa de Carlos Acuña, de la C.G.T.), que se jactó de tener jueces y fiscales a su disposición quedaba explicitado. El apoyo de los demás intendentes de la tercera sección se lo habían facilitado.Estos 12 presionaron a funcionarios provinciales llevando encuestas que manifestaban que los vecinos de clase media y media baja muestran una mayoría aplastante anti okupas.

Es de rescatar que hasta último momento hubo voluntarios colaborando junto a las familias que se querían retirar con vehículos de Defensa Civil. Y también que algunas de las organizaciones, como ser Opinión Socialista, el Partido Obrero y sectores de Barrios de Pie no tenían intención de encontrar respuestas: impedían que los que querían ir a buscar soluciones a la carpa de Desarrollo pudieran acercarse a la misma, acitud que adoptaron desde un comienzo..

Esa clase de organizaciones de la izquierda se aprovechan de la necesidad de los pobres para forzar desbordes, y luego lo presentan como parte de un ficcionado escenario de «lucha de clases».  La realidad las muestra tal como son; no les interesa ni la gente ni tampoco el resolver los problemas que se enfrentan.

Ya entrada la madrugada del día jueves, apareció la profecía autocumplida para muchos, al llegar la represión.  Y comentar la represión es casi un sinsentido porque nunca es algo bueno. Participaron 4000 efectivos y concluyó con la quema de casillas y otras pertenencias que habían quedado en el predio. Lo   rescatable es que no hubo heridos. Para rematar el contexto, el fiscal se tomó una “selfie”  junto a sus dos colaboradores, ya que la justicia es una cosa y el poder judicial es otra y muy distinta.

Algo que está llamando la atención es que se avecina el fin de un año para el que muchos medios pronosticaban desmanes y saqueos. La situación aparenta estar más calma de lo que parecía, y por sobre esa calma comienzan a reiterarse desalojos.  ¿Será una ofensiva promovida por algunos sectores de la corporación judicial con el fin de alterar el status quo? Pruebas no existen, como tampoco existen las brujas, pero…

La falta de viviendas es un problema de larga data y que ha empeorado, sobre todo en tiempos de pandemia.Quizá un Plan Nacional de Viviendas empiece a dar soluciones.  Por un lado serviría para mover el aparato productivo, poniendo como ejemplo la fabricación de materiales, o con la creación de millones de puestos de trabajo y otorgando créditos a largo plazo. Es importante considerar la concentración poblacional en las grandes urbes.  En la provincia de Buenos Aires vive el 38,9% de la población nacional. De este porcentaje, el 63,5% habita en la zona del AMBA.

Será más que importante una correcta implementación de la Ley de Arraigo, programa que anda dando vueltas desde el mes de junio. Fundamenta un proyecto para garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinada a la vivienda y la agricultura familiar, en condiciones de seguridad e igualdad para cualquier persona en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo el arraigo de la población en cada territorio, tendiendo a la corrección de disparidades, inequidades e injusticias existentes a partir de la excesiva concentración poblacional en las ciudades.

Este proyecto asegura disponer de inmuebles rurales de dominio provincial, nacional y municipal para la creación de Colonias Agroecológicas Integrales de Abastecimiento Urbano que aseguren el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo. Apoya la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios, orientada al agregado de valor de la producción primaria y la generación de desarrollo local.  Es una idea más que interesante que servirá para ir resolviendo varias facetas de las distintas problemáticas que envuelven a nuestra sociedad. ¡Que así sea!

Juan Carlos Dennin
Juan Carlos Dennin
juancarlos@huellas-suburbanas.info