09 Sep SIN INCLUSIÓN NO HABRÁ DEMOCRACIA. ¿HACIA DONDE ESTAMOS YENDO?
por Juan Carlos Dennin
La comparación del actual gobierno con el régimen dictatorial pareció en algún momento como algo exagerado. Pero salvando las distancias y las formas, podemos aseverar que cada día se le parece más, pese a que a algún senador le moleste cuando se utiliza el término “resistencia.” En esa dirección, podemos interpretar las palabras pronunciadas por Gustavo Lopetegui, buscando salvar diferencias internas de la alianza gobernante como una confesión de parte. Con inusual crudeza expresó que el gobierno realizará mediante los votos el programa histórico de las botas y que su principal logro, en lo que sería un “cambio cultural”, será el hecho de concluir el mandato, como sólo lo han logrado presidentes peronistas.
No alcanza con que este contexto sea fundamentado dentro de los núcleos militantes. Tiene que salir a la luz y estar presente en las charlas con los vecinos. La problemática de la economía no es por causa de “la herencia recibida”, sino que es la resultante de la aplicación casi calcada de los doce puntos del plan económico de Martínez de Hoz durante la dictadura.
Aquel plan, al igual que éste, consiste en la eliminación de controles de precios, la eliminación de controles cambiarios, liberación del comercio exterior, libertad de exportación a través de la eliminación de impuestos, libertad de importar, eliminando todo tipo de prohibiciones; liberación de las tasas de interés y reforma financiera, liberación de controles a los alquileres, eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, eliminación de subsidios (hecha hoy de manera total o parcial), libertad de contratación de los salarios, libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, y libertad para la transferencia de tecnología. Y que quienes lo están aplicando, Alfonso Prat Gay, Carlos Melconián y Federico Sturzenegger, entre otros, fueron los mismos que nos llevaron a la debacle del 2001. Hay que volver a clarificar que las cosas no suceden por sí mismas, sino porque hay una causalidad que las origina.
Una a una fueron cayendo las promesas de campaña que le permitieron a Cambiemos llegar a ese 51% que le permitió establecer el gobierno de los CEO´s de las multinacionales. No alcanza con la pregunta “¿con Macri vivís mejor?” Hay que desanudar la dinámica política que desarrollan y ponerla en evidencia. Marcar los rasgos que adoptan de las dictaduras para eliminar todo “resabio populista”. Así como la “Revolución Fusiladora” en 1955, a falta de criterios válidos para oponer a las políticas del peronismo que había derrocado, apeló a las vagas denuncias de corrupción y a la proscripción, la administración actual, recurrió al empleo de actitudes similares para el logro de fines semejantes con el apoyo de la entente mediática-política-judicial.
Hasta el presente, ante cada crítica por los malos resultados de la gestión de Cambiemos, los funcionarios de la actual administración siempre se han escudado en imputaciones de presunta corrupción contra sus antecesores. Esas denuncias, en su abrumadora mayoría jamás comprobadas, son repetidas hasta el hartazgo por los multimedios formadores de opinión y son replicadas en el debate político. Esta es la estrategia de formación de opinión pública actual que está comenzando a modificarse.
La conformación de una democracia constituida por ciudadanos pasivos y compuesta de maquinarias políticas que solo aspiran a competir en las elecciones para acceder a los recursos que proporciona la administración del Estado. Y esa administración estatal tiene reglas no escritas con que se rige: el poder central es del dinero, el peso decisivo de los lobbys corporativos en las decisiones políticas, el seguimiento de reglas de juego -económicas y políticas- globales cuya transgresión será inevitable y rápidamente castigada. Las necesidades populares y la obtención de derechos ciudadanos son solo escollos en su camino.
Los crecientes niveles de autoritarismo gubernamentales son permanentemente ocultados por los medios cómplices. Pero como se sabe, estos planes económicos no cierran sin represión, y hacia ella avanzan. El llamado periodismo de guerra (auto reconocido por Julio Blanck de Clarín) ha ido mutando de confiar en la pérdida paulatina de la memoria popular por una agresividad en aumento a quienes la defienden y a quienes comulgan con ella.
Los comunicadores mediáticos intentan instalar, casi a diario, una supuesta voluntad de la oposición de desestabilizar al gobierno por la vía de la exaltación de la protesta social. El ataque con piedras “invisibles” al presidente en Mar del Plata, las permanentes amenazas de bombas, la represión a un corte de autopista a tan sólo diez minutos de su levantamiento, la prisión domiciliaria de 85 represores, la negación del terrorismo de Estado, la prisión ilegal de Milagro Salas son parte del desarrollo de la política represiva del oficialismo.
Las causas y sus efectos deben recorrer las calles. El intento de destrucción y escarmiento de la experiencia “populista” es la necesidad crucial del proyecto de plena restauración neoliberal que está en marcha. El avance de la derecha apunta a consolidar como forma política de ese proyecto la alternancia entre dos partidos que se critiquen mutuamente con dureza, pero que alternativamente se vayan sucediendo para aplicar línea política trazada desde Davos y lanzada desde la Exposición Rural.
Lo que está nuevamente en juego es el rumbo del país, su lugar en el mundo, el lograr autonomía del poder global, el posibilitar más y mejores derechos de sus habitantes y hasta que todo el mundo pueda seguir diciendo lo que piensa sin ser perseguido por eso. ¡La Patria será justa, libre y soberana, o no será!
