Sin delicadeza ni decoro: la Corte en el Fondo

“Arribas tiene que hacer negocios, necesita hacerlos” o algo así debe haber planteado el abogado de quien está siendo investigado por una red de espionaje ilegal. Una vez vencida la voluntad de Martín Brava, despojado de la causa, hizo esta petición por cuestiones relacionadas al mundo del fútbol. Arribas en 2020  fue procesado por el juez Juan Pablo Augé por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria.

Hay dos personas que están siendo investigadas y es importante recordar: el exjefe de gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Darío Biorci, y el exdirector operacional de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Ambos citados por la Justicia pero sin responder preguntas. Investigados por hablar de una Gestapo policial, en un contexto donde esas palabras crean conductas, performa el accionar del resto de los presentes y da indicaciones políticas a las fuerzas de seguridad. El problema no es una cuestión de mera formalidad política: va calando en la forma de pensar. ¿Podemos desvincular estas prácticas con Milei y la capitalización de cierta angustia social que vive la Argentina? ¿No es Milei un negacionista pro militar que usa estos términos, digamos, blandamente? ¿No es este oscuro personaje que anda vendiendo datos de sus seguidores para ser comercializados, que ha blanqueado, popularizado y minimizado el uso de este tipo de palabras en política?

El exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien va ocupando mayor centralidad en el espionaje ilegal, se negó a declarar ante la Bicameral. Vaya silencio que precisa ser aclarado: ¿que hacía un ministro en un contexto así? Recordemos que cuando una persona se vuelve ministro, deja de ser el individuo, pasa a ocupar un lugar y una función en la estructura del Estado, en este caso. Por poner otro ejemplo, cuando un docente da clases encarna el sistema educativo, se concentra en esa persona, deja de ser simplemente un vecino para estar revestido por el poder público. En estos casos, como el ministro de Educación, no queda claro si entienden esto: se les hace imposible desvincular sus negocios privados de la vida corriente política de la Argentina, doctrina construida por Macri.

Quien sí habló fue el comisario Hernán Casassa quien claramente dijo que existía una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires donde Asuntos Internos de la Policía que les aportaba informes para armar causas. Mencionó a Cristina Ritondo, el ex jefe de gabinete Federico Salvai, el procurador Julio Conte Grand y, no podía faltar, la ex gobernadora Vidal. La pregunta que me queda dando vueltas después de que el presidente Alberto Fernández haya llegado a algún tipo de acuerdo con el FMI, es que hubiera hecho esta gente si seguía en el poder. Claramente esta estrategia de armar un aparato paraestatal, como es la «Gestapo» macrista, era poder abrir puertas a base de patadas, causas judiciales, mentiras para imponer el modelo de ajuste feroz que siempre quiere el Fondo. Recordemos que el neoliberalismo en la Argentina se impone con el golpe de Estado de 1976, para diezmar a la oposición política. Lxs desaparecidos no eran integrantes de alguna agenda, sino militantes políticos que iban a luchar contra el neoliberalismo. La Gestapo macrista encaja perfectamente en lo que podría haber sido un segundo gobierno de Macri y sabemos bien para qué se iba a utilizar. Lo que no debemos hacer es dejar este tema en meros problemas judiciales: es una política planificada, como lo hicieron en el 1976, para diezmar organizaciones políticas opositoras.

Mientras el acuerdo se teje de fondo (con el Fondo), la Corte Suprema de la Nación reaccionó a la denuncia realizada por la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque las cosas suelen ser más complicadas, se podría oler algún gesto político por detrás, o para decirlo más simple: la Justicia no representa intereses propios, sino económicos-nacionales. El primer rechazo a la denuncia fue por razones de “delicadeza y decoro”, claro que al ser ideas tan abarcativas se pierde su significado preciso, donde el autor (un juez en este caso, que deciden sobre nuestra vida, investido por el Estado para ejercer dicha función social) no se esfuerza por aclarar.

Revisado su indecoroso decoro, la Corte dispuso que el 22 de febrero próximo se sortee entre los camaristas federales del país quiénes tomarán el lugar de los cuatro jueces para resolver en la causa en la que se investiga la actividad ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos.

Mauri Delpir
Mauri.Delpir@huellas-suburbanas.info