¿Periodismo para todos? (quinta y ultima parte) (*)

Crónica histórica y periodística de los medios argentinos

En las notas anteriores nos centramos en las distintas etapas de los medios argentinos, la primera de medios de facción o de disputa política (1809-1870 aprox.). En la segunda abordamos la constitución de los medios como industria culturales (1870-1970 aprox.), primero los gráficos y a continuación la radio y la televisión.

La tercera etapa que hemos dado en llamar: Crisis del modelo de autonomía relativa, concentración y extranjerización (1970- hasta hoy) estuvo signada por la dictadura militar que no solo persiguió y censuró a las voces críticas, sino que habilitó a los medios “amigos” para una concentración económica sin precedentes.

1983 Vuelve la democracia

 Tras el colapso de la Dictadura, cuatro procesos caracterizan al sistema de medios de comunicación: primero, el fin de la censura directa; segundo, la concentración de la propiedad de las empresas en pocos pero grandes grupos; tercero, la convergencia tecnológica (audiovisual, informática y telecomunicaciones); y por último, la centralización geográfica de la producción de contenidos.

Aunque los soportes de comunicación se multiplicaron por la convergencia tecnológica, con el desarrollo de las radios de frecuencia modulada, la masificación de la televisión por cable, del acceso a Internet, la propiedad de los medios de comunicación evidencia una concentración creciente estimulada además por un marco regulatorio que recién se modificó en sentido inclusivo en octubre de 2009, pero que previamente obedecía a disposiciones de la dictadura militar en 1980.

La ausencia de un plan de adjudicación de licencias sumada a la vigencia de las restricciones dispuestas por la normativa vigente impidió que nuevos actores sociales y políticos pudieran acceder a la titularidad de estaciones de radio y televisión. En la práctica, el sistema constitucional recuperado en 1983 no democratizó el sistema de los medios de comunicación. Esta situación, que se agravaría a partir de 1989 para facilitar una mayor concentración de la propiedad privada y una plena adscripción al “negocio” como lógica de financiamiento de los medios, operó como inducción para el nacimiento de un fenómeno que se extendería en toda la geografía argentina: el surgimiento de la radiodifusión de baja potencia que, carente de autorización oficial, sería protagonizada por emisoras comunitarias o barriales. En la mayoría de los casos, estas emisoras no perseguirían la obtención de beneficios económicos e impulsarían, con el paso de los años, un profundo debate en los actores organizados de la sociedad civil para promover el cambio de marco regulatorio.

A partir de 1989, en el contexto del proceso de reforma del estado y de reestructuración económica, se produjo la transferencia de medios estatales a las fuerzas de mercado en todos los sectores incluidos medios audiovisuales y telecomunicaciones. Desde 1989 los sucesivos gobiernos constitucionales habilitaron legalmente la propiedad cruzada de medios de comunicación (empresas gráficas se insertaron en el mercado audiovisual), permitieron el ingreso de capitales extranjeros, accedieron a la posibilidad de conformación de sociedades anónimas y de inclusión de capitales financieros en la titularidad de los medios de comunicación, incrementaron exponencialmente la cantidad de medios que puede gestionar una misma sociedad (de 4 a 24), autorizaron el funcionamiento de redes y cadenas con cabeceras emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), concedieron la extensión de licencias y derechos a los ya entonces consolidados grupos de medios, auxiliaron económicamente a las corporaciones mediáticas a través de cláusulas que impidieron declarar su quebranto y otorgaron una serie de beneficios impositivos que son excepcionales en otras actividades y emprendimientos económicos.

La financierización y anonimización del capital de las empresas, procesos también registrados a partir de 1989, contribuyó a que la lógica de funcionamiento de los medios propendiera a la obtención de beneficios inmediatos, erosionando de este modo también la necesaria inversión que requiere una programación periodística de calidad. En efecto, la política de maximización de los recursos económicos en los grupos de medios tiene en los últimos veinte años su correlato en un estilo informativo carente de fuentes noticiosas variadas (se constata que los diarios de referencia en Buenos Aires tuvieron un comportamiento mono-fuenteal cubrir la “crisis del campo” de 2008), con autocensura, perspectiva centralista (porteña) y prejuicio de clase manifestado en forma de estigma. Sería equívoco suponer que las prácticas discriminatorias carecen de efectos o bien que surgen de la representación lisa y llana de las concepciones del mundo vigentes en las distintas clases sociales. Por supuesto, su eficacia comunicacional reside en que las mismas se conectan con imaginarios sociales.

Pero su naturalización se corresponde con la perseverancia de su propagación por los medios en un país en el que en promedio sus habitantes consumen cuatro horas diarias de televisión.

Este estado es el que quiso corregir la ley de medios anulada por el “macrismo” y que hoy es necesario volver a discutir.

(*) La presente nota está basada en la publicación:  “Las noticias van al mercado: etapas de intermediación de lo público en la historia de los medios de la Argentina»,  Por Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet)

Gabriel Sarfati
gabriel.sarfati@huellas-suburbanas.info