Panamá Papers: funcionarios PRO involucrados y Macri imputado

Por: Pablo Santiago
   El 3 de abril el mundo se vio sacudido por la denuncia de un consorcio internacional de periodistas (ICIJ) y medios de comunicación de diferentes países. Está denuncia constó de más de 12 millones de documentos sobre empresas offshore radicadas en Panamá, todas ellas pertenecientes a políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo. Este tipo de empresas no producen ni comercializan nada, algunas casi no poseen capital, sino que suelen ser utilizadas para lavar dinero y evadir impuestos, por eso se radican en paraísos fiscales como es el caso de Panamá. Un paraíso fiscal es un Estado soberano en donde casi no se cobran impuestos, y que son usados por la oligarquía internacional para lavar y evadir, así como para fugar capitales, a través de estas compañías offshore (palabra que se traduce como “lejos de la costa”). En los paraísos fiscales los marcos normativos son nulos o muy laxos, lo cual permite todo tipo de operatorias y se protegen a través del llamado secreto bancario. En esta ocasión el secreto bancario fue vulnerado por una filtración.
   Entre los líderes detectados con empresas en el extranjero, se encuentra nuestro Presidente, Mauricio Macri, quien fue tapa en todos los medios internacionales, asociado a la corrupción. Ya han sido detectadas dos compañías de las que Macri forma parte; sus nombres son: Flag Trading y Kagemusha, ambas radicadas con jurisdicción en Panamá. Pero la situación empeora cuando se trata del Grupo Macri (grupo empresario familiar); el Grupo Macri posee otra empresa, llamada Macri Investment Group; esta otra corporación está integrada por el padre y otros familiares de Mauricio Macri, así como por otras dos empresas: Foxchase Trading y Gresoni, radicadas en Panamá y Uruguay respectivamente. Además, otros empresarios y funcionarios del entorno y del Gobierno de Macri también fueron denunciados como poseedores de empresas en Panamá, y entre ellos destaca Grindetti, actual Intendente de Lanús y ex Secretario de Hacienda durante la gestión de Macri en la Ciudad Autónoma. Ante tantos funcionarios macristas involucrados con empresas fantasmas en paraísos fiscales, la situación del Gobierno Nacional se complica.
   El escándalo se mediatizó a nivel global, e impactó de lleno en la opinión pública de nuestro país; esto provocó serias preocupaciones en el entorno comunicacional de Mauricio Macri. La situación del Gobierno se agrava ahora aún más dado que Macri fue imputado por el fiscal Federico Delgado, a expensas de una denuncia formulada por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, bajo la carátula de “omisión maliciosa” por no haber declarado legalmente estas empresas; se requerirá a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP que investiguen al Presidente. Vale aclarar que la Oficina Anticorrupción se encuentra dirigida por la sesgada militante macrista, Laura Alonso, a quien varios dirigentes del arco opositor le requirieron la renuncia por su incompetencia.

   La denuncia escandaliza al mundo y al país justo en un momento complicado para el Gobierno macrista, precisamente cuando éste se dispone a profundizar su ajuste neoliberal con nuevos y fuertes tarifazos sobre los servicios públicos. Aún es demasiado prematuro como para especular acerca de la cuantía del impacto que esta denuncia podría tener sobre la imagen pública del Presidente, imagen ya debilitada a raíz del fracaso de sus políticas económicas y el ajuste contra los trabajadores, pero el panorama no parece alentador para la nueva administración que apenas lleva 4 meses en el poder y que había hecho de la “lucha contra la corrupción” uno de sus principales recursos discursivos ante la impopularidad y el fracaso de sus políticas económicas.
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