Otra vez…Y ahora, le diríamos con Mafalda: “… ni sopa…!”

Época crítica para los gobiernos la de las vacaciones, porque hecha la evaluación del año y reconocidos los logros y las falencias, llega la hora de las correcciones y el planeamiento de los cambios del nuevo año. En realidad, los funcionarios más sabios no dejan de hacer este análisis a lo largo de todo el proceso anual.

En particular, en educación, esta tarea no se abandona en ningún momento porque el planeamiento educativo requiere permanentemente aquel reconocimiento, mediante un seguimiento que recorre a todos los actores: los educandos, los educadores, los encargados de conducción y supervisión -a todos los niveles- y, obviamente, los responsables políticos en cada jurisdicción y a nivel nacional. Cuando éstos provienen del propio espacio pedagógico, por las diversas concepciones o ideologías, el intercambio con los sucesivos niveles de decisión no puede dejar de ser permanente y conflictivo. Ningún Ministro de Educación, por ejemplo, puede dejar de recibir demandas de sus inmediatos “subordinados”, generalmente la/el Secretaria/o del ramo. Y reconoce la imposibilidad técnica de obtener “éxitos” inmediatos en su gestión, porque la educación es un proceso complejo que demanda años e incluso décadas.

En la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad política queda en manos, por razones constitucionales, del Director General de Cultura y Educación, secundado por un Consejo General de Cultura y Educación, de diez miembros.

Por extraña similitud de criterios, algunos gobiernos constitucionales (el de la Licenciada Ma. Eugenia no es una excepción) coinciden con el último de facto (el del General Ibérico Saint Jean {1}), en reclamar la denominación de “Ministro” para su Director General.  Lo que se traduce en un menoscabo del cuerpo colegiado (el Consejo General, que debiera “encuadrarlo”, digamos “orientarlo” en su compleja tarea). No se trata sólo de “palabras”, sino de concepciones diferentes. La Dirección General tiene posibilidades económicas especiales, porque la Constitución le reserva cierta autarquía, pero le establece esos controles particulares, ya que algunos Consejeros son electos con la participación de la docencia de las escuelas públicas de la Provincia.

Se ve que a la Licenciada en Ciencias Políticas Vidal no coincide con la letra de la Constitución del Estado del cual es Gobernadora, ya que la Provincia no funciona demasiado “prolijamente” en los aspectos mencionados.

Por eso es que, particularmente al iniciarse su segundo año de gestión, fue haciéndose “irregular” el funcionamiento del organismo mencionado y el cumplimiento de una institución que la legislación determina: las paritarias. Por este mecanismo, el empleador (el Director General de Cultura y Educación –evidentemente por delegación de la Señora Gobernadora) debe reunirse con las representaciones sindicales docentes y con el arbitraje del Ministerio de Trabajo, acordar los salarios del sector y también las condiciones de trabajo. Lo que significa otro dolor de cabeza porque los reclamos debieran también referirse al estado y el equipamiento de las escuelas, en las que además de vivir muchas horas al día los trabajadores de la educación (incluidos los auxiliares no docentes), lo hacen los niños y adolescentes.

No es fácil hacer un seguimiento de la evolución del salario docente en la Provincia de Buenos Aires, pero la comparación de los “recibos de sueldos” (Couli) de algún maestro permite comprender que es dable esperar una situación difícil al acercarse el inicio del ciclo lectivo 2019, en el “primer estado argentino”.

{1} Este General de la Nación (ya fallecido, sin haber sido adecuadamente juzgado) afirmó, al justificar el accionar de las fuerzas a su cargo: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.

Si lo que los trabajadores de la educación esperasen fuese SOLAMENTE una recomposición salarial que les permita mantener el poder adquisitivo de su salario (no un  AUMENTO, que es lo que se promete desde hace “más de setenta años”), debieran reclamar un básico no inferior a veinticuatro mil pesos (*), el cumplimiento del escalafón y todas las demás asignaciones consagradas por la Ley vigente (el llamado Estatuto del Docente), sin cifras en negro de ningún tipo.

El mismo Ministerio de Trabajo que declara “la conciliación obligatoria” para evitar los paros o huelgas sindicales, deberá impedir que el empleador incumpla con las leyes (comenzando la que establece el llamado a reunión paritaria -en tiempo y forma- y finalmente los pagos ilegales). Es decir, deberá obligar a la Dirección General de Cultura y Educación a hacer lo que hay que hacer. Es decir, a la propia Gobernadora (que lo designa y remueve). Suena gracioso, ¿no?

(*) Esta cifra es apenas superior a los seiscientos dólares mensuales, cuando en los países “del primer mundo” (incluyendo USA) es siempre mayor a los cuatro mil de esa moneda.

Edmundo Mario Zanini
Edmundo Mario Zanini
eduardo.zanini@huellas-suburbanas.info