Milagro Sala, presa política

Al cierre de la presente edición de Huellas Suburbanas, se multiplicaban las presiones, tanto internacionales como de múltiples representantes de fuerzas sociales y de los Derechos Humanos en nuestro país, para que el poder Judicial de Jujuy –así como el gobernador que inocultablemente digita a éste a piacere- liberen con vigilancia electrónica o en última instancia trasladen a su domicilio bajo arresto a la dirigente social Milagro Sala.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, admitió que la cautelar que presentó la CIDH en tal sentido, es de cumplimiento obligatorio, si bien advirtió que no comparte la decisión tomada por el mencionado organismo internacional.

Por su parte, el reconocido magistrado español Baltazar Garzón, se pronunció al respecto y afirmó que se trata de “un grave correctivo para el gobierno argentino, para el Estado argentino… no hay razón alguna para que el Poder Judicial, si es realmente independiente, no atienda el requerimiento de la CIDH (caso contrario) podría generar responsabilidad penal en las autoridades argentinas”.

Organismos de Derechos Humanos entregaron un petitorio con más de 45 mil firmas en Casa Rosada para exigir la inmediata liberación de la líder de la organización barrial Túpac Amaru. Vale destacar que no consiguieron que ningún funcionario reciba a la comitiva.

Según la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, la resolución de la CIDH que otorga un plazo de 15 días para resolver la situación arriba descripta, además indica “de manera muy clara” que la detención de Milagro Sala “implica un hostigamiento y que ese hostigamiento está vinculado a que es mujer, coya, dirigente opositora y líder social”.

Recordemos que el Grupo de Trabajo d Detenciones Arbitrarias de la ONU ya había afirmado que se trata de una detención “arbitraria”.

A todo esto, el Ministerio Público de Acusación Provincial de Jujuy va a solicitar el arresto domiciliario, según informó el titular del organismo, Sergio Lello Sánchez.

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