DE LOS GOLPES DE ESTADO AL LAWFARE: HERRAMIENTAS DE DOMINACIÓN DE LA DERECHA CONTINENTAL

En décadas no muy lejanas, el Imperio controlaba los territorios ajenos mediante golpes de estado. Una caterva de sanguinarios dictadores eran formados bajo la Doctrina de Seguridad Nacional para defender los intereses estadounidenses a sangre y fuego dentro de sus propios países. Cuando este accionar se convirtió en demasiado oneroso y, además, comenzó a representar un enfoque adverso en la opinión pública mundial, desarrollaron nuevas tácticas y estrategias para lograr los mismos fines.

Había llegado la época de los golpes blandos, siguiendo la teoría de Eugene Sharp.   De acuerdo con el  periodista argentino Luis Bruschtein el golpe suave “consiste en travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial como fue en Honduras, o parlamentarista, como en Paraguay o forzando una intervención extranjera como se pretende hacer en Venezuela

Al mismo tiempo en que se desarrollaba todo este accionar, nuevas estrategias comenzaban a dar el germen de un nuevo tipo de control que sería creíble por amplios sectores de los países que serían dominados.  Las nuevas operaciones de control social y político que hemos visto en los últimos años por todo el continente, y que se aceleraron a partir de la oleada que reinstala el neoliberalismo en la actualidad,  comenzaron a reconfigurarse allá por 1995: la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) fue su matriz. Hay ILEAs en Budapest, Hungría, Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botsuana; y en Roswell, Nuevo México [EEUU], y la última, rechazada en Costa Rica, ha sido abierta en El Salvador.

En aquel año, bajo la presidencia de Bill Clinton sale a la luz la primera de una serie de academias de formación que reemplazan a la tristemente célebre Escuela de la Américas – con sede en Panamá – de la que surgirían los futuros dictadores  para el sur del Río Bravo.

La mayoría de los instructores provienen de agencias de EEUU, como por ejemplo la DEA (Drug Enforcement Administration), el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el FBI.  Éste último ha tenido una presencia notablemente grande en El Salvador desde que abrió su propia oficina allí en 2005. Según directores de ILEA, el centro de El Salvador se creó para que América Latina fuera “segura para la inversión extranjera» al «proveer seguridad regional y estabilidad económica y combatir el crimen”.  Por sus aulas pasaron jueces, fiscales y policía de toda la región.

En la actualidad se utiliza una técnica más limpia que es el “lawfare”.  Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “lawfare”?   Algunos  definen el término como una nueva táctica de guerra no convencional: una guerra política que se vale de armas judiciales para eliminar a su enemigo.

Si  trasladamos dicho concepto  al territorio de nuestra Patria Grande, podemos observar que las embestidas legales contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil se pueden ubicar en dentro de ese parámetro. Así mismo, siempre que se han ejecutado operaciones similares contra gobiernos populares de Suramérica, el origen de las mismas viene desde el norte.

Al desplegarse un accionar aparentemente legal, en combinación con extensas coberturas mediáticas con las que se presiona a un objetivo humano predefinido y a su entorno, podemos indicar que se trata de “lawfare”.  De ese modo buscan hacerlo más vulnerable,  destruyendo su imagen pública, para inhabilitarlo como adversario político. Así  le hacen perder apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

Pese a que se asevera que son situaciones que no se relacionan entre sí, cuando se analizan los fundamentos del “Proyecto Lawfare”, con lo que sucede hoy en nuestro continente, se puede ver la interconexión existente entre ambos contextos.  Aquel proyecto fue fundado con el apoyo de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, un foro importante en los Estados Unidos.   Brooke Goldstein es fundador y director del mismo y busca, con ese programa, y según sus propias palabras, “hacer que el enemigo pague”. El “enemigo” está compuesto principalmente por activistas y estudiantes de solidaridad con Palestina.

“El objetivo es hacer que el enemigo pague”, afirma Goldstein, “y así enviar un mensaje  de disuasión, de que acciones similares, como las que realizan esos activistas., darán lugar a castigos masivos”.

Si se reemplaza el término “activistas palestinos” por “militantes opositores” se podrá advertir que el funcionamiento “aleccionador” es el mismo.  Un gobierno puede poner como objetivo a un dirigente de la oposición y de ese modo se le demuestra a sus seguidores que pueden terminar como él.

Atributos  básicos del Lawfare:

1 – El rol del Poder Judicial: a diferencia de los otros dos poderes no nace de la voluntad del pueblo.  Su conformación se basa en mecanismos de designaciones políticas y de concursos, que se suman a privilegios de los que los otros poderes. Desarrolla estrategias de desestabilización, cumpliendo el mismo rol que antes cumplían las Fuerzas Armadas: persigue a políticos populares opuestos a sus intereses.

2 – Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: la reforma jurídica forma parte del “achicamiento del Estado” y el recorte de lo público, promovidos desde los 80´s por el FMI y otras instituciones estadounidenses para nuestra Suramérica.  Forma parte de  las teorías tecnicistas de la “batalla contra la ineficiencia estatal”.  Funcionarios de gobiernos que han recuperado el protagonismo del Estado en materia socioeconómica son perseguidos judicialmente.  La formación de “técnicos apolíticos” en desmedro de “los políticos” serán la fallida solución contra “la corrupción del Estado”, pero que será defendida a capa y espada.

Acciones  de lawfare:

– La reorganización o control del poder judicial:   Abogados, jueces y fiscales que se vinculan con el poder de turno son colocados en lugares claves del andamiaje judicial. Esto sucede  cuando el aparato de control del Estado es ejercido por el “establishment” oligárquico.  Dichos funcionarios se encargan de atacar a sectores opositores al gobierno.

– La doble moral: Los multimedios manipulan la información ponderando algunos casos y ocultando otros. Realizan labores de “periodismo de guerra” y se ocupan de magnificar el tema de la corrupción como un “mal” intrínseco del Estado y de lo público en oposición a las “buenas prácticas de lo privado”.

– El “timing” político: el caso judicial que se utiliza para atacar a la persona o sector político opositor al “establishment” es sacado a la luz en el  momento que más daño puede hacer.

Tomemos el ejemplo judicial de Brasil para observar su actuación  para sacar a Dilma y a Lula de la política, ya que son  consientes  de la firmeza de ambos en contra del accionar neoliberal.

La reorganización o control del poder judicial:   Graduado en Derecho en su ciudad natal, Moro se especializó en el combate a la corrupción ‘trasnacional’ luego de cursar un programa focalizado en la cuestión en la universidad de Harvard. Desde ese momento –y al igual que otros dirigentes políticos y personalidades del Poder Judicial de Sudamérica-, el juez federal de Curitiba no dejó nunca de viajar periódicamente a Estados Unidos. De hecho, suele decir que admira a los ex presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt (promotor de la doctrina del garrote –‘Big Stick’- para consolidar la primacía estadounidense en el hemisferio) y Abraham Lincoln, ambos republicanos, al igual que Donald Trump. “Moro fue adiestrado en el Departamento de Estado. Viaja permanentemente a Estados Unidos. Moro sabe cómo ganarse la aprobación de Washington”, lo describió en una entrevista de febrero pasado el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães

Doble moral

En  marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva como Ministro de la Casa Civil.  En oposición, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro, para quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF.  Como una casualidad permanente, esta decisión se adoptó por un audio que el mismo juez Moro filtró a la prensa el mismo día que  Lula había sido nombrado. Lula no pudo ejercer el cargo.

La historia volvió a repetirse –con otros protagonistas – en febrero del 2017.  Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una una cartera con rango de ministerio que había suprimido Dilma Rousseff y que fue reabierta para la ocasión. Moreira Franco está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero  privilegiado como Ministro y quede sólo bajo la órbita del STF.  Por supuesto, para la prensa, sobre todo la red Globo (el Clarín brasileño) existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia.

Timing  Político

La Operación Lava Jato conducida por Moro que se inició en 2009 y tomó impulso en 2013  fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, principalmente  el ex presidente Lula Da Silva. Toda la campaña presidencial de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula.  Tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) revista Veja publicó la primicia de que ella y Lula, estaban al tanto del esquema de corrupción derivado Petrobras. Aparentemente la información era parte de la “confesión” de  Alberto Youssef. Luego del triunfo de Dilma, tomó estado público que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves  y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas.  La “artillería pesada” contra Dilma y Lula comenzaba a intensificar su accionar.

Las similitudes entre el accionar de estos amplios sectores de la justicia de Brasil y los de la justicia federal de Comodoro Py no es una mera casualidad.  Ambas forman parte del accionar del Imperio, que ha cambiado los uniformes por togas, como parte de sus estrategias de dominación. Es una cuestión que no deberá ser ignorada cuando se avance por el camino de la emancipación…

Juan Carlos Dennin
Juan Carlos Dennin
juancarlos@huellas-suburbanas.info