09 Sep Las leyes de semillas y agrotóxicos; presión de las multinacionales y su relación con el presupuesto de la universidad y la situación de los trabajadores/as Secretaria de Agroindustria y del INTA

Desde una mirada integral y por los criterios de participación y partición es posible incluir cada unidad de análisis (por ejemplo, una persona, una organización, una institución) en unidades mayores y a su vez puede ser fragmentada en subsistemas. En el mismo sentido, desde una visión sistémica debemos analizar como cada elemento se relaciona, condiciona y es dependiente de otros. Estas conceptualizaciones nos permitirán analizar situaciones en apariencia sin conexión.

En primer lugar, tomaremos la ley de semillas. La actual ley data del año 1973 y desde entonces ha recibido embates de las empresas semilleras, ya para lograr por un lado una mayor porción de los beneficios generados por los mecanismos de selección y “creación” de nuevas semillas cuanto de obtener patentes que permitan cierta exclusividad en el uso y posibilidad de mejora continua, por ejemplo, obtener nuevas variedades (algo que la ley no posibilita). Desde el año 2012 se han presentado diferentes proyectos de ley relacionados con el mejoramiento/uso de las semillas por diferentes partidos políticos y organizaciones de productores, también se han organizados foros y audiencia publicas desde las redes y organizaciones de la sociedad civil, máxime aquellas vinculadas con la producción agroecológica o que representan o trabajan con productores familiares. En forma resumida las discusiones pasan por cuatro ejes fundamentales; 1- Las semillas como bien de la humanidad no sujetas a apropiación privada.  2- la posibilidad que los productores/as puedan comprar semillas y luego de la siembra y cosecha conserven una parte para el reúso (una nueva siembra). 3- La creación de una comisión dentro del instituto nacional de semillas que represente a la diversidad de productores (heterogeneidad de acceso a bienes naturales, a la tierra y capital, pero también diversidad de estrategias productivas y modos de producción) y 4. La posibilidad de que cree una comisión, con poder de policía, para ingresar a los predios a fin de verificar el cumplimiento de la ley. La mayoría de los anteproyectos de ley presentados proponen que los productores no puedan reutilizar las semillas que han adquirido sin que medie un pago a las empresas por este reúso. En la generalidad de los casos se determinan excepciones, por ejemplo, permitir la conservación y el reúso a productores familiares que poseen determinadas cantidades de hectáreas o cuya producción no sobrepase un límite de Toneladas. Claramente se vulnera desde todos los aspectos la libertad de decidir que semillas conservar, como hacerlo y darle el destino final. El derecho a seleccionar, enriquecer e intercambiar nuestras propias semillas individuales y comunitarias. Se ignoran e invisibilizan las tareas realizadas desde hace siglos por pueblos originarios y criollos respecto a las tareas de selección y conservación de las semillas, que hoy conocemos y cuyos productos permiten alimentarnos.

Por su parte fue presentada desde las actuales Secretarias de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable, una propuesta ´para analizar y discutir una futura normativa relacionada con la utilización de plaguicidas, la determinación de franjas de no pulverización y las “buenas prácticas” como modo de “reducir “la exposición y su efecto ambiental. Son varias las discusiones que se deben dar en tono a esta propuesta; 1- admitir que el manejo de los insectos y plantas silvestres solo se puede hacer con el uso de agrotóxicos.2- su conceptualización de fitosanitario nombre que se proponen dotarlos de cierta asepsia y que no los vincula con la posibilidad de poseer efecto en la salud 3- No aceptar que el problema deriva del uso de plaguicidas se inicia  en el registro y categorización , aspecto que posibilita la importación y uso, y no cuando se aplican; dado que hoy utilizamos plaguicidas prohibidos pen otros países (el caso de la Atrazina, del Paraquat, Fipronil etc.). 4- Si bien es importante determinar zonas de amortiguamiento no se deben olvidar que más allá de la determinación de zonas libre de aplicación de plaguicidas, dadas sus características químicas y su interacción con el ambiente. 5- Las «buenas prácticas agrícolas» aunque pueden reducir la exposición de quien aplica los tóxicos, no disminuyen su utilización, ni las dosis aplicadas, ni la exposición de los miembros de las comunidades donde son utilizados o quienes pueden ser alcanzados los plaguicidas en su interacción con el ambiente. También cabe la discusión acerca de quién determina su carácter de «buenas”, para quien y donde puede aplicarse ese concepto.

Tanto la ley de semillas como las plaguicidas están siendo tractorizadas por las empresas semilleras/químicas, las organizaciones de productores que representan intereses de los empresarios y e inversores agrícolas, y las instituciones del estado. Unos buscando una mayor apropiación de la riqueza y otros para generar el marco “legal” que o posibilite. Marco legal que en el caso de los plaguicidas intenta poner el foco en las prácticas responsables y no en el producto químico con características tóxicas.

Ahora bien, ¿cómo podemos vincular esta situación con la universidad y otras instituciones del estado (INTA, Ministerio de agroindustria)? De múltiples maneras; los docentes universitarios además de hacer docencia, debemos investigar y hacer tareas de Comunicación /extensión en y con la comunidad. Vinculado a lo anterior debemos, y hacemos, investigaciones vinculadas a la agricultura familiar; conocer sus estrategias, su relación con los bienes naturales, las semillas utilizadas, su adaptación al medio y a las necesidades específicas de las familias productoras, etc. Investigar y compartir ideas y perspectivas para encontrar caminos que por ejemplo lleven a diagramar agroecosistemas con producciones viables y sustentables.

Respecto al INTA y a la subsecretaria de agricultura familiar se hacen tareas vinculadas a un actor especifico, las familias productoras, que poseen características, intereses, deseos, sueños, junto a una dotación de factores de la producción y acceso y relaciones a los bienes naturales, diferentes a los otros tipos sociales de productres. Estas acciones directas reconocen la historia y la contribución de la agricultura familiar  que no solo es económica, sino que se producen verdaderamente alimentos para los consumidores, cuidan y protegen el paisaje, las costumbres, los valores…

Para finalizar no es inaudito relacionar que, dentro de una política agraria llevada por el actual gobierno, que continua claramente a la llevada a cabo por el gobierno anterior, la cual persigue el objetivo de profundizar las exportaciones para obtener divisas, se profundice el modelo basado en la utilización de semillas transgénicas y de plaguicidas a partir de la recreación de un marco legal propicio. Una visión de las actividades agrarias reduccionista y sesgada, que invisibiliza y donde no cabe la agricultura familiar y por lo cual no se requieren ni políticas, ni instituciones, ni trabajadores /as que hagamos tareas de investigación, intercambio y de comunicación en la búsqueda de generar agroecosistemas sustentables, adaptados al cambio climático, de promover los mercados de cercanía y que productres y consumidores puedan vincularse de manera armónica generando precios juntos para ambos.  Políticas, vínculos y acciones que posibiliten de manera verdadera la consecución del derecho a alimentarnos de manera sana, diversa e integral.