05 May La Verdad y La Justicia, un tema pendiente en el Perú

Por: Juan Miguel Jugo Viera

ABOGADO

Asesor – ANP, CNDDHH

Desde la República del Perú

El último 24 de abril, falleció Gloria Trelles de Mendivil, madre de Jorge Luis Mendivil Trelles, periodista, joven periodista que fuera asesinado junto con otros ocho periodistas en Uchuraccay[1], paraje ayacuchano, el 26 de enero de 1983. Esta mujer luchadora, falleció a los 86 años y siguió preguntándose, porque murió su hijo, quien finalmente movió la mano cruel de los que lo asesinaron.

Como recordábamos últimamente a raíz del fallecimiento de doña Gloria, Es que Jorge Luis y sus siete colegas fueron a averiguar la presencia de extraños en las alturas de la zona Ayacuchana. Días antes en Uchuraccay, mataron a cinco campesinos acusados de senderistas a puñetazos, puñaladas y pedradas. Esta fue la noticia que fueron a investigar, a partir de allí tuvimos en el Perú, un conflicto armado interno sin testigos y sin prensa. Y es que desde mayo de 1980 el Perú atravesó por hechos de violencia muy duros, que dieron como resultado según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aproximadamente 69,000 muertos, más de 20,000 mil, detenidos-desaparecidos[2]. Añadido a ello, la crisis económica por la que atravesaba el país, también era muy grave, que sumado a la violencia hacía pensar en la inviabilidad del país. Durante esos años millones de peruanos emigraron del País[3].

Los sucesivos gobiernos de Belaúnde (1980- 1985), Alan García (1985-1990) y Fujimori (1990-2000), impidieron la investigación de los terribles crímenes que desde el Estado se produjeron. La impunidad campeaba, por eso el movimiento de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sectores democráticos exigieron la conformación de una Comisión de la Verdad, para entre otras cosas averiguar lo que Jorge Luis y sus colegas trataban de descubrir.

No se puede entender el origen y alcance de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)[4], sin referir al proceso político que culminó con la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y en particular, sin tener en cuenta el rol que jugo el movimiento de derechos humanos en aquella coyuntura. La intensa movilización social y política conllevo un proceso de masiva apropiación de las denuncias que durante largos años de lucha contra la corriente habían desarrollado víctimas y familiares junto apoyados por activistas de derechos humanos. No fue casual, por tanto, que en el proceso de transición que se viabilizó a través de la Mesa de Diálogo promovida por la OEA (segundo semestre del año 2000) la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tuviese un rol protagónico. Esto llevo a que, al menos en los acuerdos iniciales, a diferencia de otros procesos de transición, la agenda de los derechos humanos no fuese recortada o negociada.[5]

El Informe Final representa una enorme contribución a la causa de los derechos humanos en el país. Ha fortalecido la legitimidad de denuncias y reclamos planteados a lo largo del período de la violencia política, muchas veces en condiciones de extremo aislamiento. Así como fue partícipe en la gestación y elaboración del Informe, el movimiento de derechos humanos ha sido y continuará siendo promotor del cumplimiento de sus recomendaciones.

El Informe Final significó un punto de quiebre en relación a la impunidad de los crímenes cometidos en los años de la violencia. Aún cuando existen corrientes en contra, existe una clara mayoría social en torno a que la impunidad ha sido y es no solo un daño para las víctimas de las violaciones sino también un factor de grave corrosión del tejido social. Este clima ha contribuido a la judicialización de numerosos casos de violaciones de derechos y la condena de los responsables de algunos de los casos emblemáticos.

Son múltiples las reformas institucionales que el Informe Final propuso y están pendientes. En los últimos años, la reiteración de episodios que uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado ha hecho patente la necesidad de insistir en las reformas que tienen que ver con el orden interno. Desde la regulación de los estados de excepción (estados de emergencia) hasta los procedimientos de la Policía Nacional.

Uno de los grandes temas pendientes del Informe es el que tiene que ver con el efectivo reconocimiento de todos los derechos de todas y todos, en particular de los grupos sociales más vulnerables. En la década transcurrida, la agenda del reconocimiento efecto de la diversidad ha tenido como su foco de atención el asunto de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta libre e informada.

Por último, urge poner en marcha y/o reforzar políticas públicas e iniciativas ciudadanas que mantengan viva la memoria de la sociedad y apunten a reconstruir una historia común, en la cual diversas perspectivas confluyan en torno a puntos de encuentro que viabilicen nuestra convivencia. Para esto es fundamental que la reforma de currícula y procedimientos educativos incluya los contenidos centrales del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Finalmente, el recuerdo y la lucha de Gloria Trelles de Mendivil y el sacrificio de su hijo seguirán siendo el acicate para seguir luchando por la verdad y la justicia, en el Perú.

Perú, mayo del 2019

Referencias:

[1] Uchuraccay es una comunidad altoandina de la provincia de Huanta (Ayacucho) en la puna peruana. El pueblo está situado a 4.010 metros sobre el nivel del mar. El último censo, del año 1981, dio como resultado 470 habitantes. Sin embargo, la antigua Uchuraccay ya no existe, puesto que desapareció en el año 1984 debido al régimen de terror instaurado por Sendero Luminoso y el propio gobierno peruano. Unas quince familias han vuelto y han construido casas cerca de la ubicación original.

A pesar de ser un pueblo muy pequeño, Uchuraccay trascendió en los medios peruanos y mundiales debido a las brutalidades cometidas. Algunos dicen que Uchuraccay es el mayor ejemplo de los graves destrozos, sociales, humanos y económicos que provocó la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado del Perú.

[2] https://elcomercio.pe/peru/peru-paises-desaparecidos-latinoamerica-noticia-521955

[3] El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Dr. Aníbal Sánchez Aguilar dio a conocer que entre los años 1990-2014, el número de peruanos que emigraron a otros países totalizó 2 millones 724 mil 869 personas, es decir aquellos que registraron su salida y no han retornado.

[4] Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre el periodo de violencia, vivido en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres. Además de la investigación de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique. ​

[5] Esta interpretación ha sido argumentada en extenso por Coletta Youngers en su libro Violencia política y sociedad civil en el Perú: historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima. Instituto de Estudios Peruanos. 2003.