La Paz en Colombia

Antecedentes

El inicio del conflicto armado en Colombia se ubica en el año 1958, con la entrada en vigencia del Frente Nacional. Sin embargo, se considera que el origen se remonta en la década de 1920, con el comienzo del capitalismo en el país y los primeros efectos en el mundo rural. En este contexto cuarenta años después, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

La tierra es un hilo común y el detonante del conflicto, y en la década de los 80, la guerra se recrudeció con la expansión del para-militarismo. La desigualdad, la injusticia social y los grandes problemas agrarios no resueltos, han sido los agravantes del conflicto. Asimismo, la obstrucción de las reformas sociales, la debilidad institucional y un colapso parcial del Estado durante la violencia, son causas del conflicto.

La injerencia extranjera también recrudeció al panorama, ya que Estados Unidos entrenó a colombianos y limitó la autonomía de las autoridades de ese país.

 Injusta distribución de tierras

El 0,4 por ciento de los propietarios posee el 46 por ciento de las tierras divididas en terrenos de hasta 500 hectáreas. Otro 70 por ciento de los propietarios sólo tiene cinco por ciento del total de la zona rural colombiana, con predios de máximo cinco hectáreas. Asimismo, el 83 por ciento de los productores del campo manifestaron no haber utilizado maquinarias en sus labores y un 89 por ciento no ha solicitado créditos bancarios ni ha accedido a asesoría o asistencia técnica.

La lucha por la tierra se inició en la década del 20, cuando la expansión cafetera provocó el aumento de precios de los terrenos, y los campesinos decidieron sembrar este rubro por su cuenta, en lugar de seguir trabajando como peones de grandes hacendados. En la década del 60, como consecuencia de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social, aparecieron los grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los 70, surgen el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otros grupos minoritarios que fueron exterminados o desaparecieron por sí solos. Más adelante, aparecieron los grupos paramilitares como parte de una estrategia del Estado para “combatir”, en combinación con el Ejército y las fuerzas de seguridad a los insurgentes, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional orientada por EE.UU. El Gobierno promulgó decretos que permitían armar grupos de civiles para enfrentar a “la amenaza comunista”, siguiendo recomendaciones y modelos aplicados por los EE.UU. en Vietnam y Guatemala.

 Acuerdos de Paz 

La negociación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y grupos insurgentes han significado un paso vital en la historia de las luchas populares en Colombia. De esta manera, después de 53 años, el grupo insurgente de las FARC-EP se convirtió en un partido político (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC) mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordó un cese al fuego con el Gobierno colombiano.

El apoyo y la participación activa de la comunidad internacional, especialmente de aquellos países que cuenten con experiencia en el manejo de situaciones de post conflicto, fue vital para arribar a una paz consensuada, incluyendo la presencia de una misión internacional para verificar el cese al fuego bilateral y el desarme de las FARC-EP.

Para reducir la desconfianza entre ambas partes, hubo un claro compromiso, tanto de las FARC-EP como de los militares, y se estableció un cese al fuego claro y definitivo. También, se establecieron conversaciones de paz con el ELN, como así también, la desaparición efectiva del para-militarismo. En relación a éste último, varios informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, revelan que esta problemática se ha intensificado, pese a los acuerdos de paz. La prohibición de grupos paramilitares, fue uno de los puntos acordados en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, como garantía para evitar el reciclaje de violencias asociadas a los grupos paramilitares.

 Puntos de la participación política 

El sistema político se fundamentó desde sus inicios en el bipartidismo, en donde el Partido Liberal y el Partido Conservador se disputaron el poder, promoviendo la exclusión total de otros partidos y desencadenado numerosos conflictos internos a lo largo de su historia. Por ello, para la construcción y consolidación efectiva de la paz, el gobierno en conjunto con las FARC-EP, acordaron una serie de lineamientos para permitir una apertura política en el país, la cual se basa en tres pilares fundamentales.

  1. Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
  2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
  3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

 Solución a las drogas ilícitas

 La erradicación y substitución de cultivos ilícitos

Este punto involucra la promoción del reemplazo voluntario de los cultivos ilícitos al transformar las condiciones de la agricultura en aquellas áreas donde actualmente se están produciendo. Asimismo, el acuerdo abarca la reforma rural y medidas de apoyo a los agricultores, entre las que se incluye el desarrollo de proyectos productivos para asegurar su manutención y seguridad alimenticia. Las partes reconocieron que se les debe ofrecer alternativas viables a los agricultores si han de abandonar los cultivos ilícitos. Las autoridades deben cooperar para limpiar las áreas de minas y otros explosivos.

  1. Cómo resolver el tema de la producción y tráfico de narcóticos

El gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC-EP coinciden en la necesidad de una estrategia comprensiva para luchar contra el crimen organizado, especialmente en las regiones más afectadas por la producción de drogas. El Gobierno se comprometió a lanzar una nueva estrategia de políticas contra el crimen, con el fin de combatir al tráfico de drogas y el lavado de dinero en todos los sectores de la economía, además de una nueva estrategia para luchar contra la corrupción relacionada con las drogas y endurecer los controles en la producción y tráfico de información.

Las Víctimas

Uno de los mayores desafíos que se enfrenta en la construcción de paz, es la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado. Actualmente hay más de siete millones de víctimas registradas en el país. En 2011 el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objetivo de proporcionar una reparación integral a las víctimas del conflicto.

Avances y tareas pendientes 

La Ley de Víctimas, ha permitido obtener mayor claridad sobre el número y tipo de víctimas, y en la entrega de indemnizaciones. Sin embargo, los niveles de cumplimiento en otras áreas son todavía bastante deficitarios. Dados los elevados niveles de pobreza y marginalidad que sufren muchas víctimas, el programa de reparación por sí solo tiene poca capacidad de impactar positivamente. El establecimiento de los servicios de salud y, especialmente, el apoyo psicosocial ha sufrido graves demoras, las necesidades educativas de las víctimas o de sus hijos no han sido debidamente atendidas, o las ayudas a la vivienda han sido insuficientes y tardías. La falta de respuesta por parte de otras instituciones responsables de cuestiones esenciales para que la reparación sea realmente integral –como la educación, la vivienda, la salud o la exención del servicio militar obligatorio– han hecho que los esfuerzos de la Unidad de Víctimas sean percibidos como débiles por éstas.

agencia telam
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