La necesidad de discutir e implementar verdaderas políticas agrarias desde los disensos y acuerdos

La  problemática relacionada con el acceso a la tierra, sea en ámbitos rurales como urbanos, sigue sin resolverse de manera integral en nuestro país, es decir atendiendo a las múltiples dimensiones que lo envuelven e implican.

Entendiendo a la “tierra” como un bien común natural al que nos ligan un sentido de pertenencia, protección y respeto. No son nuevos en nuestro país los proceso de acaparamiento y exclusión ligado a la concentración de la tierra en pocas manos; por el contrario se inician en los procesos extractivistas de colonización española, continuando con la Ley de Enfiteusis de Bernardino Rivadavia, con Rosas y la entrega a sus amigos ganaderos, con el avance y conquista de los territorios pertenecientes a los pueblos originarios  finalizando con el acaparamiento que está organizando y realizando el capital financiero. Los datos son incontrastables: entre 1988 y 2018 han desaparecido más de 230.000 unidades de producción agrarias, incrementándose a su vez la superficie media de las mismas.

El acceso a la tierra, con un vinculo legal estable, no sólo posibilita afincar la población rural, máxime a los jóvenes, incrementar la producción y aún realizarla según el paradigma agroecológico, sino propender a la soberanía alimentaria, como derecho humano que hace a decisiones de cómo y qué producir, y a la acción política de alimentarnos según nuestro clima, suelo y fundamentalmente nuestra cultura.

En nuestro país ningún gobierno realizó reformas agrarias; sí se han buscado hacer planes de colonización que implicaron entrega de tierras, tal el caso de Ingenio Cruz Alta en Tucumán, las tierras próximas al río Dulce, en Santiago del Estero, o las pertenecientes al valle inferior del Río Negro (IDEVI), incluso en la provincia de Buenos Aires llevadas a cabo durante el gobierno desarrollista por Oscar Alende. También se pusieron en práctica el congelamiento de arrendamientos (durante el primer gobierno justicialista en el año 1948 y que se prorrogó hasta la dictadura de Onganía en 1966) así como el impuesto a la renta normal potencial (aprobado en el año 1974 pero que no se puso en práctica, incluso antes del golpe militar del año 1976).

Entonces se hace imprescindible repensar la función social, económica, ambiental y cultural de la tierra como un bien que nos pertenece y al que pertenecemos. Este repensar implica, reflexionar juntos, planificar y actuar de manera perentoria a fin de lograr autonomía y soberanía alimentaria, arraigo y cuidado del ambiente. Los hechos que se suceden a diario en nuestro país, más precisamente en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Rio Negro nos interpelan para que podamos discutir e implementar adecuadas políticas de tierra, saliendo de la improvisación, la especulación, el amiguismo, la prepotencia, el egoísmo, la negación que impregnan a la mayoría de los actores participantes de los conflictos en torno al acceso y usufructo sustentable de la tierra. Sólo a modo de ejemplo, enuncio algunas de las medidas que podríamos discutir e implementar.

  • Realizar un catastro de las tierras en manos de instituciones del estado por provincia y localidad. Conociendo además las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos así como las características climáticas y distancias a las ciudades más cercanas. ¿Cuánta tierra hay en manos de las fuerzas armadas, del INTA, de los ministerios, de ferrocarriles argentinos, de las universidades, etc.? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué características poseen? ¿Para qué actividades fueron utilizadas? ¿Qué tierras en manos de grandes empresas pueden ser expropiadas?
  • Realizar un registro de las personas, familias, organizaciones, cooperativas que desean acceder a la tierra. ¿Quiénes son? ¿Qué edad poseen? ¿Están organizados? ¿Poseen historia productiva? ¿Conocimientos ligados a la actividad agropecuaria? ¿Cuál es el objetivo: producir para autoconsumo y para el mercado? ¿Para qué mercado, el  convencional o los de cercanía inscriptos verdaderamente en la economía social y solidaria?
  • Repensar que la tierra es uno de los elementos fundamentales para iniciar la producción agropecuaria, máxime alimentos, pero no el único, además se requieren semillas, agua, maquinaria, galpones, infraestructura para el almacenamiento y acondicionamiento de la producción.
  • Destino de la producción. Dado que no es lo mismo producir para autoconsumo que enviar los frutos de la producción al mercado, se debe tener presente esta decisión a fin de analizar las actividades, los cultivos, las variedades dentro de cada especie, la distribución dentro del predio, las rotaciones, las fechas de siembra, la sucesión en las siembras y cosecha, etc.
  • El paradigma productivo. Resulta insoslayable que  cualquier proceso de entrega de tierras debe tener por una de sus finalidades favorecer a la agroecología, que como paradigma cultural combina la producción de alimentos con la sustentabilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y el respeto por todos los seres vivos.
  • Hay que reconocer que, como en cualquier actividad que hacemos en la vida, la producción agraria está relacionada con la posesión, y puesta en práctica, de conocimientos, saberes, manejo de tecnologías químicas, mecánicas, biológicas y las asociadas al conocimiento. Saberes que han sido recreados, adquiridos, y atesorados por ellos productores/as, a lo largo de toda su vida. Debemos recordar que la agricultura es la cultura asociada a la producción agraria, tomándola como conjunto de saberes, prácticas, costumbres, normas recreadas, compartidas y transmitidas en una sociedad dada en un territorio especifico.

Por último, y no menos importante, se requiere un proceso de adjudicación transparente, discutido, analizado por todos los actores involucrados, esto implica salir del amiguismo para incluirnos en procesos serios, reconocidos, supervisados, donde podamos incluir diferentes variables cuali-cuantitativas; la historia de vida familiar, la cantidad, edad y género de los miembros de la familia, los conocimientos sobre actividades agrarias, el deseo de alcanzar la soberanía alimentaria, la organización en cooperativas, las propuestas de producción, etc. Además se debe discutir cómo será la adjudicación: ¿colectiva o individual? ¿Permanente o en comodato renovable? Resulta indispensable una cierta institucionalidad para realizar el seguimiento y, de ser necesario, las rectificaciones convenientes.

La historia de adjudicación de tierras en nuestro país nos muestra que sólo la buena voluntad no alcanza: así asistimos a la entrega de tierras que se convierten en negocios inmobiliarios (terrenos costeros en Avellaneda), a la concentración por arrendamiento por parte de los productores más capitalizados (valle del Rio Dulce en Santiago del Estero), abandono de la actividad por imposibilidad de producir en condiciones rentables (La Cruz, Tucumán) incluso tensiones entre productores para salir del modelo basado en los agronegocios (Misiones)

Ojalá que, con buenas dosis de disenso, podamos implementar verdaderas políticas agrarias.

 

  • El autor de esta nota es Profesor de la Facultad de Agronomía UBA / coordinador regional de la Red de acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina (RAPAL)
Javier Souza Casadinho
javier@huellas-suburbanas.info