La función social de la tierra. La necesidad de discutir una reforma agraria integral (Fase II)

Como decíamos en el número anterior, el tiempo de pandemia nos interpela en las relaciones humanas, las cuales están entabladas con el resto del ambiente. Iniciábamos con dicha nota una discusión acerca de la necesidad de plantear, discutir, planificar e iniciar un proceso de reforma agraria. Hoy continuamos con el abordaje de dicha propuesta.  En primer lugar deberíamos pensar, ¿Por qué replantearnos la distribución y tenencia de la tierra en la Argentina en la segunda década del siglo XXI? Seguramente cada uno de nosotros, en función de nuestra posesión de capital y posición en el campo de acciones, cosmovisión e ideología, poseerá una mirada respecto a la necesidad, o no, de realizar una reforma,  a los modos de hacerla y a sus alcances.

Es elocuente que en nuestro país existe una inequitativa e inadecuada distribución de la tierra. Según los datos censales en 1988 la cantidad de unidades agropecuarias alcanzaba la cifra de 421.000; en el censo de 2002 la cantidad disminuyó, llegando a las 333.000 unidades, mientras que según datos del censo nacional de 2018 se redujeron aún más, alcanzando a 250.881 unidades. Las cifras son elocuentes y claras: nuestro país dejó de tener el 38% de las unidades productivas que tenía hace 30 años, es decir la desaparición de 83.000 unidades en 16 años. Según los resultados del CNA del año 2018, 2.500 grandes empresas agrarias, el 1% de las 250.881 unidades registradas, manejan casi el 40% de las tierras productivas del país. Por su parte 124.000 predios agrícolas poseen menos de 100 hectáreas, representando el 54% del total de los productores pero sólo producen en 3,5 millones de hectáreas, el 2% de la superficie productiva total.

Aunque en muchos casos la cantidad de hectáreas que posee un productor o empresa solo es un indicador de los procesos de acumulación, dado que hay que tener en cuenta criterios climáticos, ecológicos, calidad del suelo así como la distancia a los mercados para determinar el nivel de ingresos, las cifras marcan claramente un incremento en la escala de producción, así como la desaparición de productores/as.

Dada esta situación, podemos pensar en una reforma agraria desde los términos de justicia social y los derechos humanos, acceder a la tierra implica  tener una relación justa y equitativa con los bienes naturales, tal que nos posibilite establecer lazos permanentes. Derechos humanos relacionados con la posibilidad de ejercer y realizar trabajos dignos, con la  obtención de alimentos y consecución de la soberanía alimentaria. Sin olvidar las relaciones integrales y espirituales que los seres vivos establecemos con la tierra y todo lo que ella contiene y posibilita su vida.

También podríamos pensar en las reformas agrarias como parte de un proyecto de desarrollo integral de las áreas rurales y periurbanas. Proceso de Desarrollo rural que afinque a las familias en el medio, brindándoles acceso a al salud, a la educación, a la recreación y al goce de una vida plena.  Familias que residentes en el territorio promoverán la producción, consumo  e intercambio de alimentos y bienes en circuitos monetarios y no monetarios. También se puede pensar en los procesos de distribución, acceso y vínculo legal estable a la tierra desde la propuesta agroecológica, ya que el establecimiento de dichos vínculos posibilita instituir diversos sistemas productivos y restablecer flujos, ciclos y relaciones al interior de los agroecosistemas tal que brinden la posibilidad de lograr sustentabilidad y resiliencia ambiental, junto a estabilidad y viabilidad económicas. Dicho en otros términos, el acceso estable a la tierra posibilitará a los/las agricultores/as, máxime los de tipo familiar, establecer sistemas productivos que basados en la diversidad y nutrición de los suelos requieren un tiempo para su establecimiento y visualización de los resultados (por ejemplo la implantación de árboles de lento crecimiento).

El vínculo estable posibilitará incorporar mejoras permanentes, brindar una capacidad de espera para ver el fruto de las prácticas agrícolas realizadas, y lo más importante se dejará de presionar y agredir a la tierra (mediante la utilización de fertilizantes y plaguicidas) para realizar varios cultivos al año y obtener mayor cantidad de ingresos para hacer frente al pago del canon de arrendamiento.

Ahora bien, ¿Cómo repensamos un acceso estable y permanente con la tierra? Se requiere calcular claramente la tierra que requiere cada familia para producir, y a vivir dignamente, a partir de criterios ecológicos, económicos, ambientales, productivos y geográficos. Podríamos partir, por ejemplo, de la denominada “unidad económica” definida como tal en el art. 30 del Decreto 7.786 del año 49  como “todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria, que aporta la mayor parte de la labor necesaria, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa”.  Si bien hay que adecuar el concepto a la realidad, global y agraria, queda claro que la Unidad Económica es individual – familiar establecida sobre la base de un grupo familiar tipo sobre el cual se organiza el trabajo (producción, supervisión, comercialización), que se tiene en cuenta la calidad del suelo, y que la ubicación, por ejemplo frente a los centros de consumo y distribución es importante.

Deberíamos tener bien en cuenta el manejo, respetuoso de los bienes naturales, así como las condiciones que hacen a la generación, adopción y adaptación de tecnologías apropiadas al entorno ambiental y cultural. La definición lleva implícita la posibilidad de satisfacer todas las necesidades de todos los miembros de la familia, así como viabilizar una cierta “evolución” de la empresa, aspecto que se relaciona, por ejemplo, con amortizar y reemplazar los bienes de capital y lograr una cierta capitalización.

Javier Souza Casadinho
Javier Souza Casadinho
javier@huellas-suburbanas.info