JUICIO AL PODER JUDICIAL

Por Juan Carlos Dennin
  Se ha hecho más que evidente, que el Poder Judicial de nuestro país, principalmente el porteño, se ha convertido en la vanguardia de los sectores que confrontan con el Gobierno.  Su accionar logra anular al Poder Legislativo que es el que debe sancionar las leyes, ya que al vetar el funcionamiento de las que no le gustan le impide al Poder Ejecutivo el uso de esas herramientas. Emplean cautelares – que deben ser medidas transitorias – a troche y moche, transformándolas, de hecho, en fallos que se extienden en el tiempo. Y como si eso no les alcanzase aparecen las precautelares con las que dan la razón a quien peticione contra el Gobierno.
  Una de las últimas maniobras se dio durante la reciente feria judicial, y que contó con la participación de un grupo de jueces y fiscales conducidos por  Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.   Ellos activaron un amparo para que se anulasen las designaciones realizadas por la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó, de 16 fiscales generales como subrogantes ante diversas Cámaras Federales de Apelaciones del país.  Fundamentaron su argumento “en que no hacen falta porque el nuevo Código Procesal Penal, “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación” (art. 3º Ley 27.063).  No es casual que los miembros de dicha Asociación expresen lo mismo que los voceros de partidos de la oposición, quienes afirman con evidente mala fe que la designación de los subrogantes tiene el propósito de lograr la impunidad para los funcionarios “corruptos” del actual gobierno.
    Curiosas definiciones sobre el tema brinda, en una nota, el Vicepresidente de dicha asociación, el Fiscal Ricardo Sáenz.  Pero no a muchos le han llamado la atención. Se refiere a los fiscales designados por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, en forma despectiva.  Les trata como  “novatos” de muy poca edad y experiencia que irían a acceder a puestos importantes y que se referencian en Justicia Legítima. Lo que deliberadamente omite es que todos ellos son fiscales generales o coordinadores ante otros tribunales, con no menos de 10 años de antigüedad y que accedieron mediante concurso público. 
  Pese a la autarquía y autonomía de la que goza el Poder Judicial, la realidad parece indicar que tiene la necesidad de comportarse como si fuese un monarca al que sus súbditos le deben rendir pleitesía. Si la ley que debe aplicar no es de su agrado, la deja de lado. Claro ejemplo es la acordada anti constitucionalista de la Corte Suprema que permitió eludir al juez Fayt  el tener que jubilarse a los 75 años, permaneciendo en su cargo, aún hoy, a sus 96 años.  Han cuestionado, con esa decisión, el alcance del poder constituyente de 1994 cuando existió clara autorización para determinar las condiciones del límite de edad, sin que eso implicase afectar la garantía de inamovilidad de los jueces.
  Desde el dogmatismo instalado históricamente por los sectores dominantes, se pregona la célebre “división de poderes”.  Si esto fuese tan así se iría hacia el caos institucional. Lo que cabe abrir en debate es si, en vez de la mentada “división”, lo que en realidad debe prevalecer  es una  determinación de funciones, en la que cada uno de los “poderes” ha de tener facultades y obligaciones específicas,  en acuerdo y en armonía con las de los otros. Ya que de lo contrario se genera caos.
  La imagen que nos muestra el corazón del  Poder Judicial es la de estar conformado por los  restos de la vetusta aristocracia entogada, los resabios de la justicia del menemato y por  los que son noveles, pero rápidamente se han adaptado a la cultura judicial. Ofrece la sensación de buscar mejorar posiciones frente a un posible “nuevo y distinto gobierno”.  Desembozadamente manifiesta su animadversión frente a la línea política populista-progre

sista-peronista del Gobierno. Claro modelo de muestra lo da la jueza que entiende en la causa por la muerte de Alberto Nisman, que no alcanzó a borrar de su Facebook no ya meras opiniones adversas a la Presidenta, sino toda clase de insultos e improperios. 

  Pese al entramado tejido por estos sectores de poder dentro de la justicia, está naciendo una corriente que se muestra como distinta de ese andamiaje, ya que concibe  un Poder Judicial que actúe  para y con el pueblo. Intenta mancomunar junto al resto de la sociedad en igualdad de condiciones para sus integrantes, magistrados ellos.
    El perverso accionar judicial ha  facilitado la caída de las elegantes máscaras que lo cubrían.   Habrá que profundizar un modelo diferente.  El mismo deberá estar de frente a la sociedad y habrá de  mostrarse transparente, carente de  alcurnia genealógica y, por sobre todo, será democrático. Un modelo al  cual se ingrese por concurso, donde los jueces no sólo hablen de ser independientes de otros sectores del Estado, sino también de los factores de poder y cuya hoja de ruta esté signada por procedimientos que sean realmente transparentes.
  El Poder Judicial se ha convertido en una célula autótrofa dentro del cuerpo social.  A lo largo de la historia se ha tomado como auto-referencia de sí mismo, y funciona en beneficio de sí mismo. Es un poder contra mayoritario que con sus cargos prácticamente inamovibles se ha transformado en un serio factor antidemocrático. Su sistema establecido de privilegios, logra que con jueces que han sido nombrados  en el pasado se impidan los cambios políticos, civiles, sociales, económicos exigidos por la mayoría del pueblo…
  El perfil de quienes aspiren a ser jueces no sólo debe presentar capacidad y honestidad.  También deberán mostrar identificación con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, y tener conocimiento de la realidad social, económica, cultural y política del territorio de la jurisdicción del tribunal al que aspira, además de sensibilidad social. Deberán demostrar aptitud para ser independientes de los poderes político, eclesial, económico y demás.
  Juan Pueblo tiene que  asumir que la Justicia es suya, y no sólo como destinatario. Y para llegar a ese punto, todos nosotros hemos de informarnos y ayudarnos a difundir que la Justicia ES del Pueblo. 
El basamento de un sistema representativo, es el derecho a elegir. La negativa a poder elegir a los electores de los jueces debe ser considerada un insulto al sistema democrático, un agravio que nos cae a todos.  No solo para controlar está el Pueblo, sino también para exigir lo que considere necesario, como por ejemplo la creación de los jurados.

  El Poder Judicial, como cualquier otro sector de poder va a resistir cualquier avance que complique o se inmiscuya en sus prerrogativas.  Sólo la organización popular permitirá modificar el statu quo, ya que la acción política es la herramienta que podrá permitir que bocanadas de aire fresco renueven la atmósfera de los tribunales. Entonces, ¡Sí, será Justicia!



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