08 Oct I.L.E.A.: DOCENCIA PARA LA IMPUNIDAD Y EL SOMETIMIENTO

Hay momentos en que pensamientos o simples razonamientos parecen quedar adormecidos en el fondo del arcón de los recuerdos. Existen ocasiones en que un simple olor, o un color los rescatan de una memoria que parece difusa o extraviada y los traen de regreso al presente.  La vieja canción de Juan Carlos Baglietto repiqueteaba una y otra vez en los oídos y con una letra que intentaba decir algo.   “Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.  Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras…”

Las simplificaciones suelen lograr que se arribe a diagnósticos equivocados, y eso, en el contexto de la realidad actual de nuestro país no ayuda en nada. Observamos el accionar judicial o policial en diferentes terruños de la Patria Grande y el mismo queda reducido a la venalidad de algunos jueces y fiscales o al accionar fascistoide de los uniformados.  Pero el entorno continental en que se desarrollan estas intrigas nos debe indicar la existencia de un porqué más profundo. Ya que nada es casual.

Allá por los 70´s existió el Plan Cóndor. Su objetivo primordial fue el exterminio masivo de luchadores sociales en el Cono Sur de nuestra América. Fue la Escuela de las Américas, una institución de Estados Unidos,  la responsable de capacitar a sus asistentes en técnicas de tortura, desapariciones forzadas y homicidios. Entre 1946 y 1984 se encontraba ubicada en la Zona del Canal de Panamá, donde se graduaron  60.000 militares y policías de 23 países de Latinoamérica. Vladimiro Montesinos, Manuel Antonio Noriega y Leopoldo Fortunato Galtieri fueron algunos de sus alumnos. Hoy, reciclada, se encuentra ubicada en Fort Benning y continúa con su tarea de adiestramiento.

Amplios sectores de las sociedades de nuestro continente eran conscientes de esos instrumentos por los cuales Estados Unidos difundía su Doctrina de Seguridad Nacional y desarrollaba acciones de su política exterior.  Convencían y formaban a las  fuerzas armadas de los países  latinoamericanos para que asumieran la labor de frenar los procesos revolucionarios de sus países, actuando contra sus propios pueblos, utilizando métodos violentos e instalando golpes de estado.

El  tomar estado público de una situación como la precedente, su posterior difusión y debate ayudan a focalizar objetivos para intentar  darle una solución a la misma.

Por el contrario, hoy están ocurriendo situaciones más que similares a las de aquella época, aunque con formas y matices diferentes. La diferencia radica en que están silenciadas, ocultas o negadas para   amplias capas de la sociedad. El designio de dominación o neocolonización sobre nuestros países sigue siendo el mismo, pero con métodos distintos que están siendo ignorados.

Hoy se argumenta que el accionar judicial contra líderes como Lula en Brasil o Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país se debe a la manipulación individual de algunos jueces corruptos, con cómplices en otras esferas de interés y no es así.

Teniendo como principal objetivo «combatir el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del fortalecimiento de la cooperación mundial», allá por 1995, el presidente norteamericano Bill Clinton creó la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ( I.L.E.A., en inglés). Muchos de sus instructores llegan de agencias de Estados Unidos, como el Immigration and Customs Enforcement (ICE), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas DEA.

Esta academia centraliza parte de una nueva estrategia geopolítica de la seguridad global de los Estados Unidos.  Apunta a que en un contexto supranacional del capital se transformen las estructuras de contención (militares y polic9ales). Fuerzas Armadas terrestres dependientes de las decisiones de los gobiernos y de los congresos y con un mal adiestramiento, según la visión estadounidense, no resultan potables para sus planes. Por lo tanto, el dar una formación cuasi militar para las policías servirán a los planes establecidos por el Departamento Estado para ocupar el rol que anteriormente se daba a los ejércitos.

I.L.E.A. brinda entrenamiento a  un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros agentes estatales por año. Esos agentes provienen    de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde febrero de 2015 se desarrolla un  proyecto para que quienes tengan bajo su dirección las Academias de Policía, logren profundizar su conocimiento en como lograr  el fortalecimiento policial y la aplicación de estos conocimientos para perfeccionar la labor de sus instituciones.

En el contexto global, la idea original fue la de establecer una academia por cada región del mundo. 
La primera fue abierta en Budapest, en 1995. La siguieron otras en Bangkok, en 1999; Gaborone (Botswana) en 2001, en Roswell, Nuevo México (Estados Unidos), también en 2001, siendo la última en construirse la de El Salvador, en 2005.

Son muchas las voces ignoradas que afirman desde hace tiempo que Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (Institute for Law Enforcement Administration, ILEA) tiene una gestión más que similar a la que le correspondió por su rol a la tristemente célebre Escuela de las Américas en su momento. Completando sus “actividades académicas” desarrolla programas sobre la ejecución de leyes y la justicia criminal, el sistema de entrenamiento lo centraliza en crímenes financieros, tráfico de drogas y personas, y, además, el  “buscar la transparencia gubernamental”. Es la elaboración de un método que permita desarrollar una estrategia de pinzas entre los sectores judiciales y las fuerzas de seguridad por sobre el campo popular.

No sería de sorprender que los agentes judiciales que participaron de la estrategia de formación de I.L.E.A., hayan sido los precoces difusores del desarrollo del LAWFARE. Este, como se sabe, es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, para destruir la imagen pública o para inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario.  Esta persecución intenta debilitar y hacer vulnerable a acusaciones  sin pruebas, algo que me parece que en esta Argentina sucede a diario.

Actualmente el Lawfare está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. El gobierno actual de Argentina no es indiferente a este accionar, y de hecho, en nuestro país se está desarrollando: