El derecho a la ciudad: una cuenta pendiente en la provincia de Buenos Aires

Lic. Santiago Muñiz

Vivir en ciudades y comunidades sostenibles debe ser el principal desafío de los actores encargados de gestionar los gobiernos locales. 

Las urbes de nuestro país y de Latinoamérica tienen una característica común marcada por la desigualdad social, la inequidad en el acceso de los servicios públicos y sociales esenciales, y la deficiente planificación urbanística en la reproducción del territorio. 

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Asimismo, el “derecho a la ciudad”, término acuñado por  Henri Lefebvre en el año 1968, que  inspiró la creación de distintos foros internacionales, entre ellos, La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad  promovido por Habitat International Coalition (HIC), promueve tres pilares centrales al momento de definir cuáles deberían ser los objetivos de un buen gobierno:

  1. El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat.
  • La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales.
  • La función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.

El cumplimiento de estos objetivos y el desafío de construir ciudades y comunidades sostenibles, requiere fortalecer el rol de los gobiernos locales y construir mayores herramientas de gestión pública, entendiendo que el ejercicio pleno de la ciudadanía y la gestión democrática de las ciudades son dos visiones estratégicas e indivisibles. 

La heterogeneidad institucional del municipalismo argentino, es decir, que existen tantos tipos y formas de organizar el nivel local como cantidad de provincias, no invalida la posibilidad de encontrar una tendencia y un proceso común, que con sus matices y particularidades, da cuenta de una revalorización y una nueva forma de abordar la política municipal, afirmando, que en las últimas décadas este nivel de gobierno se ha transformado en un actor estratégico en la reproducción material y simbólica del territorio.

Esta nueva escena local implica el pasaje de un modelo municipal tradicional, autárquico, y administrativista, a la construcción de instituciones de gobierno cada vez más autónomas, que no funcionan como meros apéndices de las provincias para la administración de las ciudades.

La provincia de Buenos Aires, además de ser nuestra arena de estudio y desarrollo, es un caso emblemático para analizar  la situación política, financiera e institucional de los municipios. A pesar del mandato de la constitución nacional, y teniendo en cuenta que la    carta magna provincial se reformó con posterioridad, en la provincia no se reconoce hasta el día de hoy la autonomía municipal.

Es decir, la escena de este nuevo rol municipal y el cambio de la agenda de asuntos públicos del nivel local, se completa con el déficit de las capacidades políticas, legales, institucionales y financieras que tienen los gobiernos de las ciudades para abordar nuevos desafíos y problemáticas.   

Esta coyuntura, enunciada como un notorio desbalance entre problemas y capacidades estatales del nivel local, da cuenta de la pertinencia de pensar y trabajar propuestas que abonen al mejoramiento de las herramientas de gestión pública del sector, que promuevan una reforma de la ingeniería institucional del régimen municipal bonaerense, que profundice el aumento de la capacidad técnica y financiera de los municipios, y que construya una nueva agenda territorial que aborde el crecimiento urbano y los tipos de ocupación del suelo, la regulación del mercado inmobiliario y el acceso al suelo urbano, los conflicto ambientales, y la coordinación multinivel y la articulación público privada.

Este camino está en marcha y es irreversible, pero este derrotero debe confluir irremediablemente con una reforma integral del Estado bonaerense que permita dar respuestas a demandas cada vez más complejas y específicas de una de las urbes metropolitanas más importantes de Latinoamérica.

Colaboradores diversos Huellas Suburbanas
colaboradores@huellas-suburbanas.info