05 Ago ¿Dónde está Facundo Castro?
Por: Florencia Romano – Francisco Abelenda.
Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon que vieron a dos policías ingresarlo a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich y a pesar de haberse presentado a rendir testimonio, nunca fueron llamadxs a declarar. Esa fue la última vez que alguien vio a Facundo. Al mediodía el joven se comunicó con su mamá y le dijo: “No tenés idea de dónde estoy. Mamá, no me vas a volver a ver”. La comunicación se cortó y desde ese momento su celular está apagado y él nunca llegó a destino.
Una breve descripción de los hechos:
La desaparición de Facundo se dio en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la pandemia causada por el COVID-19. Cristina, su mamá, cuenta que un policía se acercó a su casa en la noche del 30 de abril para certificar su domicilio y notificarle que le habían labrado un acta a Facundo por violación de las medidas del aislamiento y que lo habían dejado continuar su camino. Pasaron los días y como Facundo no aparecía, su familia y amigxs empezaron a buscarlo. A poco más de un mes de su desaparición, radicaron una denuncia por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal del partido de Villarino.
El 19 de junio se hizo el primer rastrillaje. Cristina y su abogado comenzaron a enterarse de una serie de irregularidades en el procedimiento y aparecieron testimonios de miembros de la policía bonaerense que se contradecían entre sí. El último de los testimonios policiales es el más sospechoso: declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando. Además, el abogado de la causa denuncia que los rastrillajes que se hicieron seguían pistas falsas.
El desvío de la investigación, el ocultamiento de la información clave y los falsos testimonios son viejas prácticas de las fuerzas de seguridad para lograr impunidad. Por lo tanto, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense, principal sospechosa de la desaparición de Facundo Castro.
La desaparición forzada de personas (otra vez…)
La desaparición forzada de personas es una forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona, sustrayéndola a la protección de la ley. Este fue el método central de represión que utilizó la dictadura cívico militar para imponer el terror en Argentina, fue probado en el Juicio a las Juntas, en los “Juicios por la Verdad” y en la posterior reapertura de juicios a los genocidas a partir del 2003.
Si bien la desaparición de personas está tipificada como delito hace sólo 9 años, las sentencias judiciales desde la transición democrática reconocen esta figura legal como un delito de lesa humanidad.
A pesar del ejemplar proceso de memoria, verdad y justicia que se desarrolla en nuestro país, la violencia de las fuerzas de seguridad se mantiene durante la democracia. Desde prácticas policiales habituales, rutinarias, legales y tantas otras arbitrarias, violentas y violatorias de derechos, como la desaparición forzada. Los casos de Miguel Bru, Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y el reciente caso de Luis Espinosa son ejemplos estremecedores al respecto.
La familia de Facundo Castro, organismos de DDHH y amigxs se convirtieron en los principales portadores de la demanda de aparición con vida y esclarecimiento de los hechos. Recuperando la experiencia de los organismos de derechos humanos para superar la falta de respuesta del poder judicial local, recurrieron al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, este organismo internacional ordenó al Estado una serie de acciones urgentes e integrales con el objetivo de dar con el paradero de Facundo, garantizar el debido proceso y proteger a los testigos.
Deudas pendientes
Es evidente que la violencia institucional es una de las grandes deudas de la democracia ya que persiste a lo largo de los distintos gobiernos, como también persiste la impunidad, demostrando la incapacidad del poder judicial para juzgar a lxs responsables de las violencias estatales y reparar a las víctimas y sus familiares. Durante la gestión de la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, se alentaron estas prácticas con la “Doctrina Chocobar” y se buscó intencionalmente entorpecer las investigaciones.
Alberto Fernández demostró un cambio rotundo de posición y condenó los casos de violencia institucional mencionando que hay que ser “muy severos y estrictos” con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, pareciera que el nuevo contexto dado por la pandemia y las decisiones políticas no son suficientes para plantear un cambio de raíz respecto a las fuerzas y elaborar un concepto de seguridad tendiente a cuidar la vida de lxs pibes y vecinxs de los barrios, sin tener que relacionar naturalmente a la policía con el “gatillo fácil.”
Como sociedad nos debemos un debate democrático, informado y responsable para pensar qué fuerzas de seguridad queremos. Pensar a la policía como una parte ajena de la sociedad civil o contrapuesta a ella, conduce a naturalizar su accionar, que reproduce prácticas represivas que decidimos dejar atrás pregonando el #NuncaMás. También es necesario debatir el rol del poder judicial y el privilegio que tienen los miembros de las fuerzas al momento de ser juzgados.
A tres meses de la desaparición de Facundo Castro y a tres años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, es urgente dar estos debates y una decisión política que debiera interesar desde Alberto Fernández, pasando por Axel Kicillof hasta el ministro de seguridad, Sergio Berni.
Mientras terminas de leer esto, Facundo sigue desaparecido. No dejemos de preguntar dónde está.
