04 May DE ARAMBURU A MACRI, VÍA SERVINI

Corría el mes de Setiembre de 1955.  Quienes poco tiempo antes habían bombardeado la Plaza de Mayo se instalaban en el gobierno. El lunes 20 de septiembre el general Eduardo Lonardi asumía la presidencia de la República, como cuarto presidente de facto,  con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: «Ni vencedores, ni vencidos».

Dos meses después, los militares más cerradamente antiperonistas y «gorilas» comprenden que Lonardi es demasiado «blando»,  y no que va a llevar a cabo la tarea de «desperonizar» al país con suficiente energía. Deciden entonces reemplazarlo por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien asume el miércoles 13 de noviembre para definir aún más, la naturaleza liberal pro imperialista del nuevo gobierno.

Una semana después de haber asumido, el día 20, mediante un decreto, disuelve el Partido Peronista, prohíbe su Marcha y confisca sus locales. Semanas después, decreta la disolución de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Confederación de Estudiantes Secundarios (CES).

Al igual que en el presente, el odio de clase se expresa en un desenfrenado «gorilismo» que recorre toda la Argentina.  Pretenden borrar hasta el menor vestigio de la época peronista, intentando que el período entre 1943 y 1955 no hubiera existido. Por aquellos días de noviembre, llegan hasta demoler el Palacio Unzué por haber sido utilizado por Juan y Eva Perón como residencia presidencial y el día 23, un comando dirigido por el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig entra en la CGT y, en un operativo clandestino, secuestra el cadáver de Eva Perón.

La represión aumenta y se sancionan decretos leyes como  el  4.161, por el que se prohíbe con cárcel el  nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc., además proscribir electoralmente al justicialismo.

El plan Prebisch  hace foco en que existe una crisis.  Por eso, la política  económica es pautada por el Fondo Monetario Internacional, al que se ingresa como país socio. Comienzan a aparecer los primeros vestigios de inflación, algo prácticamente desconocido en ese momento.

Poco más de sesenta años después, se desarrollan situaciones similares, pero el accionar de los sectores oligárquicos y pro imperialistas se ha modificado.  Las crisis reales o virtuales en la economía son la justificación para los planes de ajuste igual que antaño. Los golpes de estado tradicionales han sido dejados de lado, y se ha reemplazado el poderío de las armas, por el de la entente mediático-político-judicial.  Es más, en Argentina, el “establishment” llega al gobierno a través de elecciones, algo que no ocurría desde 1922.

Como manifestaba Arturo Frondizi en su libro “Táctica y Estrategia del Movimiento Nacional”, “los enemigos de la soberanía popular y el desarrollo económico (presupuesto de la autodeterminación y la independencia en el campo internacional) recurren a procedimientos oblicuos, pero de aparente solvencia y sinceridad, para no descubrir el juego”.

“Entre estos procedimientos falaces, el más eficaz es el de excitar la sensibilidad moral que tiene toda sociedad civilizada.  Esta sensibilidad es particularmente aguda en las clases medias, que en la Argentina abarcan un amplio sector popular, incluso en el sector de los trabajadores calificados y en los miles de técnicos, profesionales, educadores, comerciantes y pequeños industriales que son la vanguardia de la actividad social y política”.

Como si hubiese sido escrito en el presente, afirma que “es fácil convencer a estos sectores que el gobierno los olvida y los traiciona, que solo contempla los intereses del gran capital o que especula políticamente con los votos de los trabajadores. De ahí a sostener que el gobierno es venal y corrompido no hay sino un paso.

Las minorías antinacionales son extraordinariamente expertas en explotar este resentimiento de grandes capas populares y apoyarse en ellas para jaquear al gobierno enemigo de sus intereses.”

Cualquier parecido de otras circunstancias históricas de nuestro país, con lo que se ha ido profundizado en los últimos seis o siete años, no es una mera casualidad.  Son las formas que tienen los sectores cipayos y oligárquicos que han perfeccionado con el tiempo.

El martes 10 de abril de este año se produce un hecho que torna real aquello de que «la historia se repite primero como tragedia y después, como comedia». Ese día, la jueza María Romilda  Servini resuelve la intervención del Partido Justicialista. La decisión, carente de todo fundamento jurídico, se lleva adelante basada en criterios de una militante principiante, y coloca en el rol de interventor a Luis Barrionuevo.  Quien fue aquel demócrata que para impedir una elección que a priori le iba a resultar adversa, no tuvo mejor idea que quemar las urnas en la provincia de Catamarca. Aquella lejana decisión de Aramburu había caído en el olvido, pero la jueza se encargó de devolverla al presente.

¿A que se apunta con esta medida?  Una de las posibilidades es la de tratar de arrancar el porcentaje suficiente de votos justicialistas que permita el triunfo electoral de  Cambiemos.  También, dentro del rango de debilidad que empieza a mostrar el gobierno, puede ser un intento de crear una traba que impida el logro de unidad de amplios sectores del peronismo, en momentos en que la población está comenzando a reaccionar contra el “tarifazo” y otras medidas que adopte el gobierno.

Las aspiraciones oficialistas se parecen cada vez más al espíritu de aquella “Revolución Libertadora”,  que es el lograr que el peronismo sea borrado de la historia. Quieren eliminar esa tradición política que nació del antagonismo social.  No es casual que una de las medidas que incluyeron en su proyecto de ley laboral sea la de quitar el aguinaldo, instituido por Perón mediante el decreto N° 33.302/45.  Pretenden retrotraer la sociedad argentina a la existente a comienzos del siglo pasado.

Si se emprende la tarea de trepar por las ramas del árbol genealógico de los integrantes de la alianza gobernante, va a ser difícil encontrar defensores de la autodeterminación y la independencia nacional. Aparecerán descendientes del teniente coronel José María Pinedo, quien intimado por los ingleses decidió arriar la bandera nacional en Puerto de la Soledad, y retirarse de Malvinas con la goleta Sarandí.  O de Horacio Rodríguez Larreta, cuyo tío abuelo fue el Procurador General de la Nación, que el 10 de septiembre de 1930, junto a los integrantes de la Corte Suprema avaló el golpe de estado de José Félix Uriburu, renunciando a su papel de custodio de la Constitución burguesa y de los derechos y garantías individuales. Mejor aún, de los Braun Menéndez, en cuya estancia “La Anita” fueron fusilados cientos de peones rurales en la “Patagonia Rebelde” por reclamar un poquito de lo que hoy llamaríamos justicia social.

Los actuales funcionarios no son responsables por las acciones de sus antepasados,  queda claro  que  el concepto de República de estos  conservadores, no se refiere a los valores democráticos burgueses o el apego por los derechos sociales sino a su existencia como parte de una casta oligárquica que parásita las instituciones del Estado. Su interés primordial es servir al establishment e integrarse como fieles súbditos al imperio, defendiendo sus propios intereses.

La consigna que nos reúna para el camino que nos lleve a la autodeterminación deberá volver a ser “¡Patria sí, colonia no!   Y con el peronismo recuperando aquel espíritu de los John W. Cooke, Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y tantos otros  jóvenes que impulsaron aquella juventud de la Resistencia…   ¡Entonces, habrá 2019!