Caminando el barrio: Villa Elvira, La Plata

Los asentamientos y barrios periurbanos de las ciudades bonaerenses son un universo central en la vida argentina. Receptores muchas veces de una población expuesta y vulnerable, irrumpen de forma precaria y a menudo conflictiva en un ámbito urbano que queda la mayoría del tiempo fuera de la órbita del Estado y de las infraestructuras básicas de hábitat. Sin embargo, estos barrios configuran modos de urbanización, entornos socioculturales y formas propias de organización que aspiran a ser incluidos y que de hecho socavan los marcos tradicionales de acción institucional y política. En la práctica ¿por qué es tan difícil reconocer y actuar con las dinámicas que desarrollan estas comunidades? ¿En qué medida expresan los reflejos y límites de la solidaridad o la acción institucional que se propone actuar sobre ellas? Recuperar las historias y los relatos de militancia en estos ámbitos permite abonar en el esfuerzo de actualizar el qué hacer político en Argentina luego del período 2003-2015 y hasta la fecha. Veamos a continuación el caso de Villa Elvira en la ciudad de La Plata, a través del testimonio de Taty Mansilla y Daniel Busso.

Ubicada en la ciudad de La Plata, en las riberas del arroyo Maldonado entre las calles 90 hasta 600 entre calle 7 y 13 (10 por 6 cuadras), esta manzana creció en los años 90’ a raíz de una toma progresiva de tierras por un centenar de familias. Más de 300 familias habitan el área hoy en día. La búsqueda de un acceso a la red eléctrica y sobre todo al agua, además de regularizar la titularidad de ciertos lotes, fueron los primeros motivos de organización que contribuyeron a cementar la comunidad. La ley Pierri, implementada en el 1994, proponía en aquel momento un camino para escriturar la titularidad de los lotes mediante el convenio entre una escribanía local y el Ministerio de desarrollo social. Esto incluía, entre otros elementos, un certificado de posesión del lote, su agrimensura como paso previo a la escritura, el pago de 1% de su valor en concepto de impuesto, así como también una ayuda para edificar una casa. En 1997, un conflicto entre la escribanía y el ministerio dejó rengo este proceso de normalización.

Para Taty Mansilla, madre de familia quien vivía en esta manzana y se volvió después manzanera, es sobre todo la experiencia de acceso compartido al agua que instala un primer saldo organizativo en la comunidad. Este saldo se cristalizó alrededor de la construcción de confianza entre los vecinos y los agentes externos que venían brindando asistencia. Del mismo modo que el programa manzanera (distribución barrial de leche y primeros alimentos lanzado durante el gobierno de Eduardo Duhalde), estas primeras formas de intervención en los barrios no se sostenían en una remuneración económica o mecanismos de clientelismo político. La colaboración es voluntaria y despejadas de otros intereses alejados de la dimensión social. Esto terminó incentivando muchas veces el rol de las mujeres como coordinadoras barriales, más propensas en general para “hacer comunidad” y relacionarse en estos ámbitos heterogéneos. En el caso de este barrio, estas iniciativas no dieron lugar a una organización vecinal formal (asamblea, asociación…etc), sino a un entramado informal de liderazgos y cohesiones sociales.

En 1999, Daniel Busso, como asesor político y militante local, se acercó a esta comunidad en tanto actor externo y con una doble aspiración que ilustra uno de los dilemas atravesando el modus operandi de las agrupaciones políticas locales. Por un lado es militante social, animado por una concepción congruente de acción territorial, arraigada en el rol del Estado y los derechos. Por otro lado, es miembro de un espacio político con quien se había comprometido en aquel momento a recolectar votos en  perspectiva del ciclo electoral de octubre del mismo año. En el primer caso, la búsqueda para involucrarse en profundidad en la transformación de un barrio. En el segundo, la necesidad de participar, con reserva y cuidado, a la lógica del “comercio de promesas” a cambio de adhesiones de parte de sectores más fácilmente clientelizables, lógica que muchas fuerzas políticas practicaban cualquier sea su color ideológico. Daniel priorizó en realidad la primera postura por sobre la segunda. Veinte años más tarde, sigue acompañando el proceso organizativo de este barrio, en función de las necesidades expresadas por los vecinos y viendo las metodologías de resolución o los recursos que se podían conseguir a nivel del municipio, de la gobernación provincial u otras esferas de su repertorio de contactos.

Repasando esta experiencia y otras transcurridas a lo largo de los últimos diez años, Daniel y Taty rescatan varios elementos para consolidar un marco de acompañamiento social en las comunidades barriales. En primer lugar, han aprendido a tomar una distancia crítica o “negociada” con la lógica propia del ámbito político y de su tendencia a la recuperación o la resolución paternalista de los problemas. En concreto, es muy distinto reconocer los habitantes como sujetos capaces de organizarse en el marco de sus urgencias y derechos, que de concebirlos como “clientes”, pasar por arriba de ellos y delegar la capacidad de arreglo de sus problemáticas a otros ámbitos ajenos a ellos. Estas dos modalidades no están tan separadas en la realidad y pueden cohabitar de forma contradictoria según los casos. Los dos protagonistas mencionan por ejemplo el caso de una toma de tierra en 2014 frente al sindicato de personal del hipódromo de La Plata en la cual jugaron ciertas figuras políticas que se veían afectadas por esta toma. Las realidades complejas obligan a negociar con elementos contradictorios y enfrentarse a mecanismos tradicionales de gestión de conflictos (puntero barrial, compra de favores, clientelismo, presiones y aprietes…etc). Para Taty Mansilla, todos los espacios políticos practican por diversos motivos e inercias, esta gramática paternalista y si bien el año 2003 marcó un antes y un después en la percepción de los derechos ciudadanos. Cambiar este rumbo implica una conciencia más profunda de que la vía de construcción “por abajo” con acompañamiento puede dar resultados más adaptados y duraderos. Para los cuadros territoriales de las agrupaciones políticas, implica renunciar en la conveniencia inmediata de instalarse como “jefecito” puntual de tal o cual comunidad barrial y dar más centralidad a los procesos emprendidos por los vecinos.

En segundo lugar, las dinámicas y los liderazgos genuinos que se expresan en los barrios son clave para habilitar respuestas transformadoras de parte de las comunidades. La imposición de un esquema organizativo o de una conducción del entramado barrial en función de criterios referenciados en las organizaciones estatales o políticas externas al espacio comunitario, desemboca sobre una negación de las dinámicas propias que surgen en la comunidad. En vez de imponer o de superponer, se trata finalmente de promover un enfoque del reconocer y del promover, prestando una atención particular a la modalidad, nunca linear y evidente, de construcción de lazos sociales. Esto puede implicar una negociación conflictiva frente a los intentos de captura política o de desplazamiento de liderazgos existentes de parte de grupos políticos o sindicales. En la práctica, es importante percibir que estas lógicas resisten a los discursos progresistas que se enuncian en la retórica de los espacios de formación o los actos políticos. Según Daniel y Taty, esto se debe por parte a las disputas de poder que se libran entre espacios políticos. Pero influye mucho también la expectativa del retorno cortoplacista de la compra de adhesiones, las concepciones de la acción social, la estructura vertical de responsabilidades en las organizaciones que al fin y al cabo imprimen determinados enfoques. Esto explica también porque sigue escasa la posibilidad para los referentes sociales genuinos de ingresar en un ámbito electoral dominado por reglas autoreferenciales.

Es notable ver como la dificultad de actuar en situaciones territoriales se traslada también en el ámbito universitario y otros actores. Taty Mansilla, quien estudia desde hace cuatro años en la Facultad de trabajo social de la Universidad nacional de La Plata, observa las prácticas y las herramientas conceptuales que se movilizan para la intervención territorial. Para ella, estudiar fue un feliz camino de ampliación y de apropiación del debate de ideas y enfoques que se plasman in fine en la praxis institucional. Rescata los abordajes que permiten repolitizar – en el sentido de cuestionar las finalidades con los medios – y dinamizar la comprensión de los grupos en situación de vulnerabilidad (Requena, Bourdieu). Asimismo, resalta en la universidad una tendencia en segmentar la concepción de la acción concreta, en delimitar de forma abstracta las realidades sociales y una dificultad para adaptarse a los ritmos y las propias dinámicas de los barrios (los lugares más ricos socialmente siendo muchas veces los asentamientos donde pocos están dispuestos a entrar). Por otra parte, las articulaciones con otros organismos, tales como la Defensoría del pueblo u ciertas asociaciones civiles, quedan a veces frágiles o inestables. Obviamente, estas observaciones no son aplicables de forma indiscriminada a todas las instituciones locales. Existen matices y mucha diversidad de prácticas en un tejido urbano local que cuenta con una población de alrededor 800 000 habitantes con cerca de 15% de grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad. Pero insistimos aquí en resaltar un marco de tendencias experimentadas en carne propia por los dos entrevistados.

A modo de conclusión

Desde el año 2015, la erosión de los ingresos familiares y el deterioro de las políticas sociales generan un impacto directo en la cohesión y el mantenimiento de la organización barrial. Algunas mujeres vuelven a ser “cuidadoras” del hogar, en vez de equipararse con la función del padre de familia, gracias, entre otras cosas, al respaldo de la Asignación universal por hijo (2009). Esto genera un crecimiento de las violencias intrafamiliares. Daniel y Taty admiten que hay que resistir esta situación de deterioro, en un contexto donde las comunidades son en general más politizadas que hace veinte años, pero sin haber podido discernir la seducción tramposa que dio inicio al ciclo político posterior a 2015. Mientras tanto, no han podido torcer el rumbo de estas prácticas territoriales o imaginar mecanismos intersectoriales que puedan legitimar o divulgar nuevas miradas a nivel de los cuadros de las agrupaciones políticas. Admiten que es difícil plantear este tipo de estrategias a las organizaciones sociopolíticas cuando ellas tienden precisamente a competir entre sí y superponerse en su presencia en los barrios.

Este breve retrato deja planteado un elemento central. Además de atender las urgencias de la coyuntura, se trata de evidenciar la necesidad de un nuevo referencial de abordaje y acción para actuar en los barrios vulnerables. La acción militante e institucional están cuestionados, desde varios ángulos y más allá de su buena voluntad para encarar (o no) este tema. El reto consiste en reconocer las dinámicas sociales genuinas, ser capaz de involucrarse en el mediano y largo plazo, salir de ciertos dogmas y adaptarse a la complejidad socioterritorial. Nada sencillo obviamente… por eso seguiremos analizando experiencias.

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Francois Soulard
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