08 Ene Bajando la Ley de Imputabilidad no se soluciona la inseguridad
Por: Antonio Galati
Mucho se habla, desde hace algún tiempo, del flagelo y factores generadores de inseguridad, fundamentalmente urbana y de la cual, el municipio de Morón no está exento. En estas últimas horas, se vuelve a reinstalar la idea de forzar una nueva baja en la edad de imputabilidad.
Como actor que integra un Foro de Seguridad en la zona, y vecino abocado a pensar y trabajar aportes tendientes a reducir y/o controlar esta problemática, considero perentorio brindar oportunidades para que los jóvenes encuentren una forma adecuada de construir su futuro, alejados de la delincuencia.
Hace casi una década que la inseguridad encabeza las demandas sociales de los argentinos y, en especial, de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con la mayor densidad poblacional del país. Es la región que más aporta a la renta nacional en comparación con el resto de las provincias, y la que por consiguiente suele presentar las mayores demandas sociales del país.
La inseguridad no se trata de un problema nuevo, pero que sí se ha incrementado. Se ha sumado mayor cantidad de efectivos policiales, más controles para darle batalla al delito… ojalá fuera tan simple: El tema reviste una gran complejidad, y hay que decirlo de una vez, la solución no parece tan lineal.
En el aumento de la inseguridad concurren varios factores. La problemática está plagada de causas que explican sólo parcialmente el fenómeno: Drogas, alcohol, pobreza y exclusión social, impunidad, ausencia de justicia, una débil concepción del valor de la vida y la propiedad privada, una sociedad que ha perdido la cultura del trabajo, familias desintegradas, ausencia de diálogo en el hogar, una educación que presenta grietas… incluso códigos éticos destruidos y una fragmentación despiadada, son sólo algunos de los componentes de una larga nómina en combinación, casi nunca aislados.
Hoy en día, el promedio de edad de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires no supera los 22 años y de ese total, casi el 70% nunca tuvo acceso a una vivienda digna, a un correcto sistema de salud, a un sistema educativo que los contenga. Creció en la extrema pobreza, sin los servicios básicos. Es decir, que son personas que sus padres y abuelos fueron pobres. Vienen con una herencia más pesada y es que no están entrando en el mundo del trabajo. El problema tiene que ver con la desigualdad que se agiganta, en un modelo que fomenta la riqueza pero que excluye y genera extrema pobreza.
La Argentina tiene 900 mil jóvenes de 16 a 25 años que no estudian ni trabajan. Cuando alguien habla de un chico que no estudia ni trabaja, habla de alguien que probablemente está en una esquina, sin hacer nada o está un tiempo en la escuela, no logra mantenerse y está afuera, y lo mismo con el trabajo, no se mantiene y se queda afuera. No se mantienen ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral, ahí estamos hablando de los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
En este sentido, hay que trabajar como sociedad y en conjunto, en brindar oportunidades para que los jóvenes encuentren una forma adecuada de construir su futuro, alejados de la delincuencia.
No es bajando la edad de imputabilidad de los menores como se soluciona el flagelo de la inseguridad, encarcelando a adolescentes de 14 años en instituciones cerradas, tratándolos como delincuentes mayores, sin haberles dado la posibilidad de superarse.
