Astillero Río Santiago necesita trabajo, no cambio jurídico

Por Bárbara Solernou

Secretaria Política de Social 21, La Tendencia-PBA

Referente del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago

 Luego de un largo período de parálisis productiva y el abandono de las históricas banderas del Astillero Río Santiago, las autoridades empresarias-gremiales-políticas avanzan con el plan que la embajada norteamericana tiene reservado hace años para la fábrica: transformar su objeto para que el ARS nunca más vuelva a fabricar barcos para la Argentina.

El Astillero Río Santiago fue una de las pocas empresas del Estado que en los 90 resistió las privatizaciones ordenadas por la embajada norteamericana, gracias a la lucha táctica y estratégica de sus trabajadores, manteniendo su condición 100% estatal e impenetrable al capital privado.

En el plano táctico tomaron la fábrica, el ministerio de Economía –Domingo Cavallo-, el de Defensa –Oscar Camillión-, la sociedad Rural –Guillermo Alchourón-, la catedral de Buenos Aires –Antonio Quarracino-, canal 13 -Santos Biasatti-, la bolsa de Comercio y la de valores. Fajaron a la (policía) Federal, la Bonaerense y hasta expulsaron la ocupación armada de la fábrica, por parte del escuadrón Albatros -prefectura-, ordenada por el gobierno nacional de Carlos Menem.

En el plano estratégico crearon 2 proyectos de ley (Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional, expte.D-1487/22 y Transporte por Agua con Reserva de Carga, expte.D-1488/22) que le daban continuidad operativa a la fábrica, garantizando financiamiento específico y un mercado interno de flete marítimo, que obliga a los armadores -navieras- a construir sus buques en astilleros argentinos. Además, son la base del Plan Naval Argentino que reconstruye a 35 años la flota nacional, reactivando astilleros privados y PyMEs proveedoras. La estrategia era contraponer la privatización con una política de desarrollo, entendiendo que el Astillero es parte de un proyecto de Patria cuyo objeto es la creación de la flota nacional -mercante y de guerra- para ejercer soberanía en el comercio exterior y el Atlántico Sur.

Aunque no pudieron privatizarlo, Menem y Duhalde lo provincializaron, lo extranjerizaron, introduciéndolo en la zona franca La Plata, y le cambiaron la personería jurídica por la de Ente Administrador, creyendo que así lo podían paralizar. Sin embargo, el proyecto político de los trabajadores, y la calidad de su organización, eran tan superiores que aunque las leyes no salían, hacían lobby popular, ejercían presión en el poder y les permitían negociar contratos de obra. La partidocracia volvió a fracasar. Sin más dificultades que las políticas, a partir de los 90 los trabajadores se dieron maña para continuar con el petrolero y además venderle un remolcador al armador TransOna, terminar y entregar la última -de una serie de 6- corbeta misilística Meko 140 a la Armada Argentina, conseguirse un cliente internacional -Wilhelm Finance- y venderle 5 BulkCarriers a Alemania, realizar la reparación de media vida de la Fragata Libertad y contratar las obras más importantes del ARS, los petroleros para PDVSA-Venezuela, el Eva Perón y el Juana Azurduy. Todo esto se logró siendo el ARS un Ente Administrador, sin necesidad de ningún cambio en su personería jurídica.

Es decir, lo que hoy paraliza al ARS no es su figura jurídica, sino la falta de plan. No hay dificultades técnicas-legales para conseguir contratos de obra, hay falta de voluntad política y traición al interés nacional. Desde que ATE-Ensenada abandona (2011) los históricos proyectos de ley mencionados, no hubo más trabajo en el ARS. Lo entretienen con obras menores que sub-utilizan su capacidad instalada, generando sobrecostos, pero un astillero no es un taller metalmecánico, es un constructor de barcos, una fábrica de soberanía.

Las autoridades empresarias-gremiales-políticas dicen que las trabas del Astillero no son políticas sino legales, y que para agilizar procesos burocráticos de compra de insumos hay que transformarlo en Sociedad del Estado, no obstante, la propia historia los desmiente. El ARS, como cualquier empresa estatal de semejante envergadura, depende de un proyecto nacional. Lo que mueve a las grandes industrias no son sus personerías jurídicas, sino sus objetivos que se alcanzan con inversión (financiamiento) y mercado (clientes). Entonces, ¿cuál es el objetivo de Wasiejko-Banegas-Kicillof de cambiarle la figura jurídica al ARS? Los 3 años transcurridos de parálisis productiva desde que asumió el gobernador, sin haber presentado un plan de reactivación, de mínima hacen sospechar.

Una Sociedad del Estado es una herramienta y, como tal, es su función lo que determina su esencia, es decir, lo que se hace con ella. Como la política, en sí misma no significa nada, no es buena ni mala. Lo que la define es el para qué, es decir, su sentido filosófico. Por eso, siempre una S.E depende de un proyecto nacional. En este caso, el proyecto es de endeudamiento, ajuste fiscal por cogobierno del FMI, desindustrialización, aumento de exportaciones y pobreza. De fabricar barcos y reconstruir la flota nacional no se habla. Entonces, ¿por qué tanta urgencia con el cambio de figura jurídica?

Para el proyecto de liberación nacional que impulsa Social 21-La Tendencia, una Sociedad del Estado es la forma de propiedad social de los medios de producción, y por definición, impenetrable al capital privado. Tiene libertad para asociarse con otras S.E de escala nacional, provincial y municipal y así constituirse en Corporaciones del Estado que dominen todo el plano de una misma actividad, integrándose verticalmente sin concesionar un solo eslabón de la cadena al privado. Su objetivo es recuperar industrias estratégicas que hacen a la economía nacional -logística, defensa, medicamentos, acero, energía-, crear puestos de trabajo genuinos, producir, comprar, vender y fijar condiciones. Es el actor social que vencerá al capital transnacional en su arena central: los mercados. Porque como dijo uno que entendía: los mercados libres no existen. Todos están regulados. Los regula el Estado en defensa del Pueblo, o lo hace el capital a favor de sus ganancias.

Bárbara Solernou
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