06 Dic A un año del gobierno de Alberto Fernández, continúan las “viejas” políticas agrarias
La búsqueda de crecimiento productivo con una mirada desaprensiva sobre la salud socioambiental
El Gobierno de Alberto Fernández cumple un año y bueno es realizar un análisis de sus políticas respecto a las actividades agrarias, y relacionar las mismas con respecto a su efecto socioambiental.
En primer lugar, cabe destacar la iniciativa para incrementar la producción agrícola (aspecto ya trabajado en el número anterior de esta revista) con la idea de elevar las exportaciones y así generar divisas. Este incremento se busca efectivizarlo a partir de dos procesos: acrecentar la superficie agrícola e incorporar más tecnologías de insumos, esto es, semillas transgénicas y plaguicidas. Respecto a estos dos puntos, el gobierno generó instrumentos de política específicos. En efecto, se posibilitó la liberación al medio de trigo transgénico, el primero en el mundo, resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más toxico que el glifosato a nivel agudo y crónico ya que puede incidir como perturbador en la reproducción, reduciendo la actividad de los espermatozoides. Pero también ese trigo, al ser tolerante a la sequía, podrá ser cultivado en zonas áridas y semiáridas, ampliando la frontera agrícola con las consecuencias sociales y ambientales que esto apareja; avance sobre ecosistemas naturales, contaminación de agua, desplazamiento de actividades económicas, etc.
También a fin de incrementar la superficie agrícola, el gobierno está buscando, según se manifiesta en la disposición oficial de los 200 millones, avanzar sobre las zonas de “amortiguamiento” o de restricción a la utilización de plaguicidas. Se omite que estas franjas, que van desde los 100 a 2.000 metros según municipio, han sido determinadas por la acción continua en el tiempo de miembros de las comunidades, afectados por el accionar de estas sustancias tóxicas. Las franjas son una conquista para proteger la salud ambiental, algo que la disposición omite. Es más, según la disposición se utilizarían en estas franjas tecnologías “de punta” a fin de reducir el efecto de los plaguicidas. Según esta mirada tecnocéntrica, las nuevas tecnologías resolverán el efecto ambiental de las anteriores.
Respecto a los plaguicidas, el gobierno propició una rebaja arancelaria para la compra de monoisopropilamina y de dimetilamina, insumos para la fabricación de herbicidas con amplio uso en nuestro país, como es el caso de la atrazina y el glifosato. Se trata de una rebaja del 2% sobre valor FOB. La reducción tiene vigencia durante 6 meses, con un límite máximo en toneladas de cada insumo. En el caso de la atrazina ha sido prohibido en su país de origen, Suiza, por su persistente contaminación de aguas subterráneas. Sin embargo, hoy junto al 2,4-D y el glifosato integra los herbicidas de mayor aplicación en nuestro país.
También, cerrando el año, el gobierno propicia en la Cámara de Diputados una ley sobre registro y comercialización de plaguicidas, aunque en la misma se utiliza el término fitosanitarios, la cual no fue presentada para la discusión en ámbitos comunitarios y científicos, y que entre otros aspectos, no posibilita el acceso a la información y la participación de la sociedad civil, tal como se manifiesta en el acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina hace pocos meses. Tampoco pone límites al registro de plaguicidas altamente peligrosos, ni propicia la reválida, nueva autorización de uso cuando nuevas investigaciones den cuenta, por ejemplo, del efecto en la salud socioambiental de los plaguicidas. Por último, el gobierno, a partir de un acuerdo con China, propicia la instalación de mega granjas porcinas en la cual se crían cerdos hacinados, en condiciones muy alejadas respecto al confort animal, que a su vez pueden propiciar el desarrollo de enfermedades y la contaminación del aire, agua y trabajadores dadas las condiciones y modos de producción.
Como podemos inferir, el avance de la frontera agropecuaria, la instalación de grandes establecimientos porcinos, la liberación del trigo transgénico, la reducción de aranceles para la importación de plaguicidas junto a una ley que ampara su sobreutilización constituyen claras manifestaciones de una visión sesgada sobre lo que se llama desarrollo, en la cual se excluye la relación con los bienes naturales y el efecto de estrategias, prácticas y tecnologías sobre la salud socioambiental.
Desde hace tiempo desde distintos ámbitos académicos, de la salud, del derecho, de la producción, como así también organizaciones, redes y asambleas de vecinos/as de todo el país, venimos alertando sobre las graves consecuencias en nuestra salud y el ambiente que provocan las políticas agrarias, así como los instrumentos y prácticas que de ella derivan. Es necesario la instauración de otro paradigma productivo que posibilite la obtención de alimentos sanos, al alcance de todos, respetando las relaciones entre todos los seres vivos y el resto de los bienes naturales. En este caso, la agroecología posibilita consecución de la soberanía alimentaria en todas sus dimensiones.
